Daniel Puertas

[email protected]

En La Plata, un hombre imputado de tentativa de homicidio pidió ser juzgado con el sistema de jurados y podría quedar en la historia por ser la primera persona cuyo destino será decidido por doce ciudadanos anónimos y no por tres severos jueces.

Este invierno la Lotería Provincial realizará el sorteo que decidirá quiénes son las personas -una de cada mil- que estarán habilitadas para integrar los jurados que intervendrán en los juicios por delitos graves, siempre y cuando el acusado lo acepte.

Que sean doce personas, repartidas por sexo en partes iguales, las que resuelvan sobre la culpabilidad o inocencia es considerado un derecho de los acusados y no una obligación.

Tras la última reforma introducida por la Legislatura a la ley promulgada en septiembre del año pasado, ya está todo listo para que se sorteen los potenciales jurados y después para que el sistema entre en vigencia. Los afortunados o desafortunados, según como lo sientan, que sean elegidos por el azar recibirán después una carta oficial informándoles que pueden tener una participación activa en al menos un caso de la Justicia Penal. En esa nota les será informado, además, que se trata de una carga pública, es decir que no podrán rehusar la invitación, salvo que tengan argumentos muy fuertes en contrario y puedan convencer a las autoridades.

En tanto, los pronósticos más optimistas confían en que en agosto del año que viene las Policías Locales ya estarán en la calle.

Aunque en principio pueda ser imperceptible, la suma de las Policías Locales y el juicio por jurados modificarán la relación de muchos ciudadanos con la ley.

Hoy la Justicia es una institución considerada ajena por buena parte de la población. Para los más desesperanzados, es una suerte de secta abocada con fervor a encontrar excusas para liberar a los delincuentes o despreocupada de la suerte de muchas personas que languidecen en prisión mientras los jueces se ocupan de otra cosa y no de cumplir su trabajo.

Al menos una de cada mil personas comenzará a intentar comprender un poco mejor los sinuosos senderos de la ley por si le toca sentarse frente a uno o más acusados y tiene que decidir si son culpables o inocentes.

Juzgar si eso es bueno o malo depende del punto de vista del observador. Ya el debate se dio, se fijaron las posiciones y la ley está en vigencia.

La Policía Bonaerense es para un porcentaje importante de la gente una organización sólo un poco menos ajena que la Justicia y quizá incluso menos confiable. Muchos uniformados sufren diariamente ese menosprecio que consideran injusto y se refugian cada día más en el espíritu de cuerpo, lo que los lleva en más de una oportunidad a darles la razón a sus críticos más feroces.

Todo indica que cuando las Policías Locales estén en la calle, las cosas pasarán a ser distintas, levemente al principio y marcadamente después.

Mucho depende, claro está, de la capacitación que se brinde a los aspirantes. Pero al menos no traerán, al menos de entrada, los vicios de la desprestigiada Bonaerense, especialmente porque todos los efectivos del nuevo cuerpo serán nuevos en estas lides. Una de las condiciones para ingresar a las Policías Locales es no pertenecer ni haber pertenecido a cualquier otra fuerza de seguridad.

Además, otra de las condiciones es la residencia en la ciudad donde van a prestar servicio. Es decir, todos y cada uno de los integrantes de la Policía Local será hijo o hija de una familia arraigada en el lugar. Conocerá la ciudad y lo conocerán.

Y el responsable será un funcionario casi seguramente civil al que se le podrá reclamar cara a cara, igual que al Intendente, que será directamente el responsable último. Para más de un jefe comunal se terminará la excusa cómoda de echar la culpa a los niveles superiores del Estado. O, al menos, deberán forzar más la imaginación para hacerlo.

Si puede haber cortocircuitos si no llega la plata para los sueldos, que según los últimos acuerdos quedarán exclusivamente a cargo de la Provincia. Tal vez haya otros cortocircuitos si más de un Intendente llega a la conclusión de que conviene más volcar todos los recursos a su propia fuerza de seguridad y restringe las compras de combustible para los patrulleros provinciales o no paga más alquileres o servicios.

Una negociación importante, que difícilmente llegue a conocimiento de la opinión pública en otra forma que no sean los rumores, es la que deberán encarar los "recaudadores" de la Policía provincial con los policías locales -o quizá con funcionarios poco afectos a los límites de la honestidad- es cómo se hará para que las fuerzas de seguridad municipales no les perjudiquen las "cajas" de la prostitución, el juego clandestino, la droga o cualquier otro "negocio".

Las Policías Locales sólo patrullarán las calles o intervendrán para evitar delitos in fraganti. No realizarán investigaciones penales, que por ahora seguirán en manos de la Bonaerense y luego, en un futuro nadie sabe cuán lejano, los Investigadores Judiciales.

Pero su sola presencia en las calles les permitirá, inevitablemente, detectar los puestos de venta de sustancias prohibidas, encontrarse con prostíbulos disfrazados de "bar y pool", y enterarse de cuáles son los negocios que violan la ley que fija horarios para la venta de alcohol.

Y, lógicamente, en más de un caso podrán, o deberán, intervenir.

Como ocurre siempre, habrá quienes se adapten a los cambios y quienes no. Pero los cambios ya están y en poco tiempo comenzarán a sentirse, para bien o para mal, en las ciudades bonaerenses.