El juez Carlos Villamarín resolvió días atrás la conversión de detención en prisión preventiva para Sergio Larigné, quien fue aprehendido el 26 de julio tras la orden de captura que fue resuelta por el mismo magistrado tras la solicitud del doctor Moyano. El acusado permaneció detenido durante varios días en la sede de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Olavarría, y una vez otorgado el cupo fue trasladado a la unidad penal Nº 7 de la localidad de Azul.

La detención de Larigné se desprende de dos allanamientos que se realizaron en domicilios del barrio Hipólito Yrigoyen con anterioridad en el marco de una investigación en la que se desempeñaron agente de la SubDDI Olavarría. En estas propiedades encontraron 25 gramos de marihuana y 260 gramos de cocaína, y en ese momento se reveló que el valor total de lo secuestrado superaba el millón de pesos. También secuestraron en estos operativos un arma de fuego calibre 44 y municiones de distintos calibre.

En esa instancia además fueron incautados elementos de pesaje como una balanza que se habría utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes y envoltorios; así como también un automóvil que se hallaba en una de estas propiedades y documentación considerada de interés para los investigadores.

El mismo día de su detención se realizó la audiencia de defensa del imputado en la que el acusado se negó a declarar ante el fiscal Moyano. En esta oportunidad Larigné fue imputado por ser presunto autor del delito de "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor agravada por su comisión en inmediaciones de un sitio donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales".

El agravante fue planteado por la fiscalía al entender que Larigné practicaba la comercialización de drogas en cercanías de la plaza "Doctor Sabin", ubicada en Colón y Moya, en inmediaciones del domicilio del imputado y donde se concretó uno de los allanamientos.

El artículo 11 de la ley 23737 de Tenencia y Comercialización de Estupefacientes eleva "en un tercio del máximo de la mitad del mínimo" el monto de pena estimado en el artículo 5 de la misma normativa, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión para quien "sin autorización o con destino ilegítimo (…) comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte".

Finalmente, se iniciaron actuaciones por "tenencia ilegal de armas de fuego de guerra" en función del hallazgo logrado durante los allanamientos.