"A mi papá lo quieren matar. Lo están dejando morir", denuncia el hijo de Walter Alfredo Brun, de 62 años, quien está cumpliendo condena por la causa de la coimas en la UOCRA. Es por eso que los hijos, nietos y familiares de Brun están haciendo un corte en el ingreso a la Unidad 38 de Sierra Chica. Exigen que Walter reciba el tratamiento oncológico necesario, puesto que sufre leucemia y un tumor en el estómago. Se enteraron de la enfermedad de su padre por terceros y el fiscal se opone a un traslado a un hospital de mayor complejidad. 

"Nadie nos decía nada, nos decían solo que tenía una anemia, pero mi papá ya se encontraba muy descompensado", declaró Yesica Brun, hija del interno. Luego agregó: "Tiene una leucemia muy avanzada y su cuadro es complejo. Nunca tuvo tratamiento oncológico. Nosotros tenemos 29 pedidos, 15 son para que los saquen para verlo en el Hospital. Siempre rechazados todos los pedidos. Los comentarios que nos hacían es que mi papá buscaba una domiciliaria."

La falta de atención temprana hizo que el cuadro se complique aún más. Walter Brun se encuentra esposado en una cama del Hospital Municipal, casi que no come y está muy delgado, según cuentan sus familiares. "Los internos lo cuidan y le dicen abuelo. Ojalá que no sea tarde, no quiero que mi papá se muera esposado como está", agregó Yesica.

Los familiares hablaron con el Jefe de la Unidad 38 y señalaron que "sigue sin dar una respuesta". Ya están todos los oficios necesarios y la derivación hecha. Hasta el Hospital pidió el traslado, pero Walter Brun sigue en un estado "de abandono de persona", como lo califica la familia del interno. En un mes le correspondería la prisión domiciliaria, pero el fiscal se opone a que se la den, según manifestó el hijo de Walter Brun. 

El fallo

El juez Joaquín Duba dio por acreditado que Walter Brun, junto a Roberto D'Amico, y Luis Daniel Conrado – todos ex sindicalistas de la UOCRA- integraron una asociación ilícita con la que extorsionaban a empresarios del rubro de la construcción y afines. Brun recibió una condena a 6 años y 10 meses de prisión, siendo detenido un 31 de agosto de 2018. Para el magistrado, los tres sindicalistas del gremio de la Construcción de nuestra ciudad "adoptaron como 'modus operandi' el despliegue de maniobras extorsivas contra empresarios del sector de la construcción obligándolos a poner a disposición del gremio sumas dinerarias en concepto de pago de cuotas fijas de entre 2500 a 5000 pesos a cambio de no obstaculizar sus labores" en casos que sucedieron "al menos en el período comprendido entre el mes de enero de 2014 y el mes de agosto de 2018".