Con el avance tecnológico, los dispositivos de rastreo se vuelven cada vez más comunes en el país, utilizados por diversas razones, incluso para actividades de espionaje.

Los sistemas que emplean tecnología Bluetooth, como los AirTags de Apple, Tile, Chipolo y Pebblebee, plantean la posibilidad de seguimientos no deseados hacia otras personas. En abril, Apple anunció medidas de seguridad para prevenir su uso ilegal.

Los AirTags, con un tamaño cercano al de una moneda de medio dólar, se comercializan como dispositivos para encontrar objetos personales mediante el servicio de ubicación de un iPhone o dispositivo digital, sin usar GPS directamente.

Sin embargo, esta funcionalidad los hace susceptibles de ser utilizados con propósitos acosadores. Ante esta preocupación, Toby Overdorf, representante republicano de Palm City en la Cámara de Florida, aboga por endurecer las leyes estatales relacionadas con estos dispositivos.

Aunque en Florida ya existe una penalización de hasta 60 días de cárcel y una multa de $500 por instalar aplicaciones de rastreo sin consentimiento, Overdorf considera que esta sanción es insuficiente. Presentó la legislación HB 401, que elevaría la infracción de un delito menor de segundo grado a uno grave, con penas de hasta 10 años de prisión y multas de $5,000.

El proyecto de ley también busca modificar las normas aprobadas en 2015, específicamente aquellas relacionadas con el uso de AirTags, prohibiendo colocar estos sistemas en pertenencias ajenas, detalle que no está claramente establecido en la legislación actual.

Se contemplan exenciones para agentes de seguridad que utilicen aplicaciones de rastreo en investigaciones criminales, así como para propietarios o arrendatarios de vehículos en circunstancias particulares. Padres, tutores legales o cuidadores de adultos también estarían exentos de penalizaciones por el uso de estos dispositivos.

Esta propuesta surge en un contexto en el que Apple enfrenta demandas por no prevenir el uso indebido de sus dispositivos de seguimiento.

En caso de aprobarse esta normativa, se establecerían fuertes castigos para quienes utilicen estos dispositivos sin el consentimiento de la persona que está siendo rastreada.