A poco más de un mes de su presentación, la resolución del Gobierno que obligaba a los usuarios a abonar un extra a las empresas prestadoras del servicio de gas para "compensar" sus desequilibrios financieros por los efectos de la devaluación, fue dada de baja y enmendada oficialmente por medio del Decreto N°1053/2018.

A través de el, la administración de presidente Mauricio Macri destinará cerca de $38 mil millones extraídos de las arcas públicas para cubrir esa faltante. Esa suma saldrá de las partidas presupuestarias de tres organismos gubernamentales que, por supuesto, se financian con los impuestos que pagan todos los argentinos.

Consultada por El Popular, la ex presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia del Congreso de la Nación, Liliana Schwindt dijo "esto es lo que nosotros planteábamos desde un principio. Esto no es como se debía resolver. Acá el costo lo tenían que pagar las empresas, porque fue un problema de dolarización y de devaluación que los usuarios no lo determinaron. Es algo que está contemplado dentro de los riesgos que asumen las empresas y no que se los pague el Estado, con nuestro dinero" sentenció.

Y agregó: "ellos (el Gobierno Nacional) siguen insistiendo en beneficiar a los grandes empresarios en lugar de beneficiar al ciudadano común. Porque bien o mal, este desfasaje debería haber sido absorbido por las empresas que prestan el servicio que ganan fortunas" consideró.

La medida supone la transferencia de recursos públicos a firmas privadas: tomando el resultado del último censo, cada argentino pondrá -aunque no lo haga directamente a través de las facturas de gas-, unos 900 pesos.  

En rigor, según la medida que firmó todo el gabinete presidencial, el Gobierno modificó el Presupuesto 2018 para tomar dinero desde los ministerios de Hacienda e Interior y el ENACOM y enviarlos al Tesoro para luego abonar a los proveedores y salvaguardarlos de la diferencia cambiaria. Cuando se presentó la iniciativa, el Gobierno la defendió a capa y espada con argumentos burocráticos y legales. Concretamente, el secretario de Energía Javier Iguacel, explicó que se trataba de una contribución contemplada por la ley del gas y marcó que no tendría efecto en el bolsillo de los argentinos porque se pagaría en 24 cuotas.

Sobre este punto, Esteban Librandi había dicho a este medio "es descabellado, porque los pagos de los usuarios tienen efecto cancelatorio"