El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena que oscila entre dos y seis años de cárcel. La investigación reveló que Belliboni desvió fondos destinados al Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades políticas.

Se le acusa de presentar facturas falsas y utilizar una empresa ficticia llamada Rumbos, que supuestamente proveía servicios a la Asociación Polo Obrero, pero en realidad no tenía actividad. Esta empresa recibió pagos por servicios no prestados, permitiendo a Belliboni y otros involucrados desviar fondos públicos, según el expediente. La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien también advirtió que se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, contribuciones obligatorias de los beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal. El expediente también investiga “amenazas coactivas”.

La investigación también se centra en el papel de los funcionarios, incluyendo a Emilio Pérsico, quien dirigía la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno anterior. Se busca determinar si hubo complicidad o negligencia en la gestión de los fondos. El fallo sobre Belliboni también incluye el procesamiento de otras 17 personas, algunas acusadas de defraudación y otras de “amenazas coactivas”. La justicia está trabajando para esclarecer la trama de corrupción y determinar las responsabilidades individuales.

El procesamiento de Belliboni es un golpe significativo para el Polo Obrero, que ha sido criticado por su gestión de fondos públicos.

Acusaciones contra Belliboni:

  1. Desvío de fondos: Desvió fondos destinados al Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades políticas.
  2. Facturas falsas: Presentó facturas falsas al Estado y utilizó una empresa fantasma llamada Rumbos, que no tenía actividad real.
  3. Investigación de funcionarios: Se investiga el rol de los funcionarios, incluyendo a Emilio Pérsico, quien dirigía la Secretaría de Economía Social durante el gobierno anterior.
  4. Otras personas involucradas: El fallo incluye el procesamiento de otras 17 personas, algunas acusadas de defraudación y otras de “amenazas coactivas”.
  5. Embargo: Se le embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.