El Gobierno ha dado un nuevo paso hacia la modernización de los pagos digitales al establecer, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 731/24, que las propinas podrán abonarse con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. Este cambio implica una modificación en la Ley de Contrato de Trabajo, que ahora establece que las propinas ya no formarán parte del salario, lo que significa que estarán exentas de cargas sociales y no se computarán para la indemnización por despido.

El DNU también estipula que las administradoras de tarjetas y billeteras virtuales deberán crear cuentas especiales para los mozos, donde se depositarán las propinas. Estas cuentas serán de uso exclusivo para los trabajadores, y ni el empleador ni las administradoras podrán retener comisión alguna sobre estos fondos, garantizando que el dinero sea únicamente para el trabajador.

Sin embargo, persisten desafíos importantes. A pesar de estas medidas, los comerciantes continúan prefiriendo el pago en efectivo debido a las elevadas retenciones fiscales que enfrentan al procesar pagos electrónicos. Estas retenciones incluyen un 1,2% de impuesto al cheque, entre 1% y 4% de adelanto por IVA y Ganancias, y hasta un 5% de Ingresos Brutos retenidos por las provincias en cada transacción.

El presidente Milei y el ministro Caputo han comenzado a mover las piezas para reducir algunas de estas cargas, eliminando las retenciones de IVA y Ganancias a los pagos digitales. Sin embargo, el impuesto al cheque persiste, financiando el sistema de jubilaciones.

El mayor reto recae ahora en las provincias, que deberán reconsiderar sus retenciones de Ingresos Brutos. Actualmente, estas retenciones son un recurso fácil y representan una parte significativa de la recaudación provincial. Sin embargo, este esquema está promoviendo la informalidad en los pagos, ya que tanto comerciantes como consumidores prefieren operar en efectivo para evitar estas retenciones.

La solución propuesta es un ordenamiento integral del sistema tributario, donde el IVA nacional absorba Ingresos Brutos con una alícuota más alta, permitiendo una recaudación más eficiente y evitando la necesidad de retenciones sobre los medios de pago electrónicos. Esto no solo facilitaría la formalización de los pagos, sino que también beneficiaría a consumidores, comercios, y a las agencias de recaudación, que podrían reducir la evasión a través del uso masivo de dinero digital.

Mantener el statu quo de retenciones provinciales podría resultar contraproducente, perpetuando el uso del efectivo y frenando la transición hacia una economía digital más moderna y transparente, alineada con las tendencias globales.