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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En un comienzo estas auditorías se centraron  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y así continuar hacía otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto  implicaría que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Las auditorías ya comenzaron en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y se extenderá a los demás distritos del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no  solo depurar el padrón de pensionados, sino también responsabilizar a quienes participaron del otorgamiento indebido de esos beneficios.