El Gobierno argentino ha presentado una solicitud urgente ante la jueza Loretta Preska en Nueva York, con el objetivo de evitar que se active la posibilidad de embargos en el marco del juicio por la nacionalización de YPF en 2012. Esta medida desesperada busca evitar la fijación de plazos concretos para comenzar con los pagos y evitar consecuencias económicas catastróficas.

El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en este caso, ha instado a la jueza Preska a no reconocer la fecha límite del 10 de enero para que el Gobierno argentino presente garantías. De esta manera, se espera evitar embargos que podrían ser impuestos por los demandantes, Burford Capital y Eton Park.

En un principio, Argentina fue condenada a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares a estos fondos de inversión. Sin embargo, con la solicitud presentada, la jueza Preska deberá reconsiderar la fecha límite y determinar si se inician embargos en caso de que el país no cumpla con las garantías requeridas.

La decisión de presentar esta solicitud muestra un cambio en la estrategia del gobierno argentino, aunque ha mantenido al mismo estudio de abogados que lleva el caso desde el principio. Los litigantes tendrán hasta el mediodía del martes 9 para expresar su opinión sobre esta nueva solicitud.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la jueza Preska otorgó una prórroga al gobierno argentino para la presentación de garantías, alegando que la nueva administración aún no había asumido el cargo. Esto dio al gobierno de Argentina un período adicional para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de noviembre de 2023.

Por otro lado, la jueza Preska concedió al nuevo gobierno argentino un plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos en contra del fallo que los condena a pagar los 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

En medio de este tenso enfrentamiento legal, el presidente argentino Javier Milei ha sugerido la posibilidad de crear una "tasa Kicillof" como una forma de pago, aunque la situación financiera del país sigue siendo complicada y las consecuencias económicas de este juicio son inciertas. La incertidumbre y la presión sobre el gobierno argentino continúan en aumento mientras se espera una decisión crucial de la jueza Preska.