El subsecretario de pesca, Juan Antonio López Cazorla, anunció una multa significativa a la empresa de Liu Zhijiang por la captura ilegal de merluza negra. La sanción asciende a 2.500 millones de pesos y está destinada al Fondo Nacional Pesquero (Fonape). Además, la empresa enfrenta una prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa adicional de $56.700.000.

El caso generó controversia en el sector pesquero, revelando tensiones en torno a la distribución de cupos de captura y la regulación del comercio marítimo. Se señaló que la empresa operaba sin la cuota autorizada para la pesca de merluza negra, y las investigaciones indicaron que el buque Tai-An excedió ampliamente los límites permitidos.

El escándalo también resultó en la renuncia de tres funcionarios, incluyendo a Julián Suárez y Abdalá Bertiche, quienes enfrentaron críticas por su presunto favoritismo hacia grandes empresas pesqueras en la asignación de cupos de captura. La denuncia inicial provino de ejecutivos de estas compañías, lo que desencadenó la acción del gobierno.

El episodio ha destacado las disputas en torno a la distribución de recursos pesqueros y el control gubernamental en un sector crucial de la economía argentina. La merluza negra, también conocida como bacalao austral, es altamente valorada en mercados internacionales, lo que intensifica la competencia por su explotación.