Durante los últimos 20 años de gobierno kirchnerista, el mercado inmobiliario argentino ha experimentado un marcado deterioro, afectando tanto a la compra y venta de propiedades como al mercado de alquiler de viviendas. Uno de los factores clave que contribuyeron a esta situación es la inflación persistente, que ha hecho que la concesión de créditos a largo plazo sea casi imposible y que la negociación de contratos de alquiler estables sea cada vez más complicada.

Un informe reciente de la Fundación Tejido Urbano reveló que aproximadamente el 76% de las personas menores de 35 años tuvieron que rescindir sus contratos de alquiler debido al deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Además, la Ley de Alquileres de 2020 desalentó la oferta de viviendas, y aunque los inquilinos experimentaron una disminución del valor real de sus contratos durante el primer año, los aumentos acumulados al renovar los contratos se volvieron abrumadores.

La regulación del mercado inmobiliario también ha llevado a un aumento en el precio de mercado a partir del cual se firman nuevos contratos, lo que ha dificultado aún más el acceso a la vivienda en alquiler debido a la menor oferta de propiedades disponibles.

Otro factor que ha contribuido a la crisis inmobiliaria es la escalada de la inflación y la vulneración de los contratos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo que ha llevado al crédito hipotecario argentino al borde de la desaparición, representando solo el 0,3% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin acceso al crédito, la compra y venta de viviendas para uso residencial se ha vuelto inviable.

Como resultado de estos problemas, la Fundación Tejido Urbano informa que solo el 52% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires son propietarios de su propia vivienda en la actualidad, en comparación con el 75% al final del gobierno de Menem en la década de 1990. En esa época, las reformas y el fin de la inflación permitieron que el crédito hipotecario representara más del 5% del PBI, en contraste con el 0,3% en la actualidad.

El presidente Javier Milei planea abordar esta crisis inmobiliaria mediante la desregulación del mercado y la implementación de un plan de estabilización creíble que restaure la confianza a largo plazo y promueva el regreso del crédito hipotecario nacional. Sin garantías sólidas sobre los derechos de propiedad y la estabilidad de precios, el mercado inmobiliario argentino no puede prosperar, lo que contrasta con la experiencia de la mayoría de los países de la región.