Mientras la jueza María Servini resolvía liberar a 11 de los 16 detenidos, el presidente Javier Milei aseguró que los apresados tras la represión en el Congreso "no son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos". "Él que las hace las paga", remarcó el mandatario.

A pesar de que 28 de los 33 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, Milei ofreció una entrevista televisiva en la que ratificó el accionar de las fuerzas de seguridad en la brutal represión ocurrida durante el tratamiento de la Ley Bases. "Nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tienen que estar rompiendo la ciudad o la plaza y vandalizando negocios. Violencia no: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", sostuvo el presidente en una entrevista con TN.

En ese sentido, Milei consideró: "No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de eso, él que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos". Consultado por algunos casos en donde los detenidos aseguran que fueron aprehendidos al azar, el presidente respondió: "Siempre dicen lo mismo. Si vas a la cárcel, está llena de inocentes". Luego, argumentó que "las urnas pidieron a gritos un cambio" y remarcó que uno de sus mandatos era "poner la calle en orden y está sucediendo".

Milei también acusó al "kirchnerismo" de "querer hacer un golpe desde el primer momento" e incluso apuntó contra la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por solidarizarse con las detenciones. "Quizás para ella la democracia sea gente tirando bombas y secuestrando gente", lanzó.

Casi al mismo tiempo, mientras Milei emitía estas declaraciones, la jueza María Servini liberó a 11 de las 16 personas que continuaban detenidas por "falta de mérito". Los 5 que no fueron liberados quedarían con prisión preventiva a la espera del proceso judicial. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. La decisión de la magistrada se amparó en el testimonio de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.