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El abogado marplatense Fernando Navarra anticipó que "a mediados o a fines de esta semana estaría la resolución sobre el amparo presentado contra el aumento del gas".

El doctor Navarra habló con EL POPULAR Medios y habló sobre la presentación judicial que hicieron la Liga de Amas de Casa, Acuba y Manos que Ayudan contra el tarifazo del gas decretado por el Gobierno.

La medida cautelar procurando por lo menos una suspensión del aumento se hizo ante el juez Alfredo López, un magistrado que se animó a fallar en contra del corralito en 2001-02 y contra el aumento del gas que se pretendió aplicar en 2009. Se espera entonces una medida similar, máxime si se toma en cuenta que existen no solo argumentos sino también un fallo de la justicia de Mendoza en contra de la suba tarifaria del servicio que va, según apuntó el doctor Navarra, "entre el 250 y el 500 por ciento".

"En Mar del Plata existe una asociación que se llama la Liga de Amas de Casa y dos ONG como Acuba y Manos que ayudan que defienden los derechos de los usuarios y consumidores desde hace mucho tiempo", explicó. "Cuando se produce esta suba de las tarifas, si bien el Gobierno la presenta como una quita de subsidios de manera progresiva, por la forma que recategoriza a los usuarios, lo que hace es cristalizar una suba monstruosa de tarifas. La Liga de Amas de Casa les pide a los usuarios y consumidores que se acerquen para verificar el volumen del aumento y después viene la presentación. Yo estoy acompañando a esta asociación desde hace años y a partir de este relevamiento, tomamos contacto con otras instituciones para hacer un planteo ante la Justicia a la que se suma la Defensoría del Pueblo local. Luego, a través de Acuba, que está asesorada por el doctor Federico Alvarez Larrondo unificamos personería y presentamos lo que se llama un proceso sumarísimo colectivo con miras a frenar el aumento y a la larga se lo deje sin efecto", señaló.

Apuntó además que "esto está en trámite y lo que se espera en los próximos días a partir de un pedido de medida cautelar que hemos realizado es que se suspenda este aumento. Y que por lo menos para adelante la gente no lo tenga que abonar", precisó.

Las subas

Según añadió, "el aumento oscila entre 250 y un 500 por ciento en algunos casos. Facturas que en el mismo período del año pasado eran de unos 250 ó 300 pesos, hoy son de 1.300 pesos. Es una locura".

Luego enumeró algunos de los fundamentos de la presentación ante la Justicia. "Hay una serie de garantías y derechos constitucionales que tienen los usuarios. Básicamente el Gobierno hizo un planteó de que si uno ahorraba gas iba a seguir pagando lo mismo de siempre. Cuando aplica los cuadros tarifarios, dentro de los ocho categorías, la gran mayoría de los usuarios están recategorizados como R3-3 y R3-4 que son las categorías más altas. Por otro lado, por las latitudes y las particularidades de la zona (incluyó a Olavarría), en el invierno se requiere un mayor uso del servicio. Pedir que se baje el consumo es llevar a la gente a la enfermedad. Además, no se hicieron audiencias públicas para informar cuáles eran los parámetros del aumento ya que esto tiene que ver con las normativas que regula todo el suministro de gas. Segundo, que tratándose de la ley de defensa del consumidor, también se afecta lo que tiene que ver con la economía familiar. En una palabra, los aumentos, que son monstruosos, atentan contra los derechos de los usuarios y consumidores", enfatizó.

El recurso de amparo se hizo ante el juez Alfredo López, "un hito en el Poder Judicial -señaló el letrado-, porque este magistrado fue el primero que se interpuso contra el corralito y dictó uno de los primeros fallos a nivel nacional por el que expresaba que el corralito era inconstitucional y que debían reintegrarse los dólares a quienes tenían los depósitos".

Para el doctor Navarra, "al juez López no le tiembla el puso para tomar una determinación, es un juez independiente y cree en el control entre los poderes del Estado. Y si tiene que tomar una decisión por algo que afecta a la comunidad, la toma. El Poder Legislativo debería ser el más importante, pero muchas veces no cumple con su función por seguir una línea o directiva superior".

Entonces, el argumento central, a su juicio, es que "se ha violado determinados artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, fundamentalmente lo que hace al derecho a la información. Pero también existe inconstitucionalidad respecto de los parámetros que se toman porque a la gente se le dice que si ahorra un 20 por ciento de lo que había consumido el año pasado, no tendrá aumento, pero hace un año no se sabía esto, si tenía o no que ahorrar. Por lo tanto, aquí hay una violación del principio de buena fe. Aparte, deberían realizarse audiencias públicas y además, personas que son de clase media o media baja están recategorizados como si tuvieran un buen pasar".

El abogado de la Ligas de Amas de Casa de Mar del Plata sostuvo que "puede salir una medida cautelar para que se suspenda el aumento", tras lo cual vaticinó que "la suba que va a tener la gente el próximo bimestre va a ser aún mayor".