Según publicó el diario Clarín este sábado, el suspendido fiscal de Olavarría, Rubén Rivero irá a juicio oral después de un fallo de la Cámara de Casación de la Suprema Corte Bonaerense. El fiscal fue acusado de presunto abuso de una menor de edad, la denuncia fue efectuada hace 9 años.

Rivero fue oficial sumariante de la Policía Bonaerense en su ciudad natal, La Plata. Trabajó en la Brigada de Investigaciones, luego en Policía Científica, llegó al área de Inteligencia y, entre tanto, estudió Derecho. Una vez recibido se metió en la Justicia provincial: fue auxiliar en una defensoría, secretario en un juzgado de Ejecución, instructor en una fiscalía y en 2009, por fin, lo nombraron fiscal.

Tres semanas después de su juramento como fiscal en Olavarría, Rivero fue acusado de abuso por una menos de edad que limpiaba su casa, además hija de un sargento de la Policía Bonaerense.

El caso volvió al Tribunal de Casación, pero ahora a otra sala: la que integran Daniel Carral, Ricardo Maidana y Carlos Angel Natiello.

Carral votó como los jueces anteriores: insistió con la prescripción, en favor de Rivero. Pero su colega Ricardo Maidana no se detuvo en la cuestión del tiempo, sino que usó contra el acusado aquello que le permitió obtener tantos beneficios: su condición de fiscal. La votación fue 2-1 a favor del juicio.

Maidana recordó que la ley prevé que los plazos de prescripción no corren igual para los funcionarios. "Se debe aplicar la suspensión del curso de la prescripción por la condición de funcionario público del imputado", escribió. "El hecho atribuido aconteció cuando el acusado revestía el cargo de fiscal . Y de las particularidades del proceso se desprenden signos evidentes y datos objetivos que permiten considerar que a partir de su condición funcional ha ejercido influencia en perjuicio del ejercicio de la acción penal que se dirige en su contra", indicó. Su colega Natiello votó en el mismo sentido y así, por 2 votos a 1, Rivero quedó ahora obligado a ir a juicio oral por el abuso sexual denunciado hace 9 años.

Aún le queda una escapatoria: renunciar a su cargo de fiscal y exigir que se le declare la prescripción por el tiempo transcurrido, como a cualquier civil.