Luego de difundidos los aumentos en el costo de los servicios públicos proyectados para el año 2019, referentes de distintas esferas en el orden local desestimaron las metas inflacionarias previstas por el gobierno nacional en el Presupuesto, que rondan el 20%. Al mismo tiempo consideraron que esas previsiones tendrán alto impacto en el poder adquisitivo, mientras la economía ya se encuentra formalmente en recesión.

El 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes, el ex secretario de Energía Javier Iguacel salió eyectado de su cargo pero dejó certezas sobre las subas previstas para este año: para la energía eléctrica será del 55%; para el gas, del 35%; y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se espera una audiencia el martes 8 de enero, que podría significar la bandera verde para un aumento del 38% en el agua corriente.

De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, "entre 2016 y 2018, para un hogar del promedio en cuanto a su consumo, el valor de la electricidad se ha incrementado en un 1435%, el gas de red en un 1261%, y el agua un 956%".

En nuestra ciudad, José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), evaluó que a partir de los incrementos previstos, "una parte del poder adquisitivo de los trabajadores se va a ver afectada por los aumentos de servicios. Pero la parte más grave va a ser la inflación: todo esto va a ser un desastre para los trabajadores porque no creo que ellos (el gobierno) estén a la altura de las circunstancias para incrementar el salario de acuerdo con el proceso inflacionario".

El dirigente recalcó sus discrepancias respecto de las mediciones oficiales para determinar el costo de vida. "Tenemos grandes diferencias por la forma en que se toma la inflación porque en el Indec se incluye desde whisky a autos de alta gama que se ponen a la altura de los artículos de primera necesidad y en verdad los artículos de la canasta básica aumentan mucho más".

Sin embargo, "el Indec hace un promedio con otras cosas a las que los trabajadores no acceden y eso baja el nivel de inflación. Entonces la inflación tiene un nivel mucho más bajo que los aumentos en las necesidades básicas de los trabajadores", estableció.

Durante el transcurso del presente año, "seguramente vamos a entrar en una reestructuración de la deuda externa, así que se vienen tiempos difíciles para cualquier gobierno, para éste y para el que entre".

Dolarizados

Por su parte, el contador Gabriel Schmale refutó las metas oficiales al afirmar que "la inflación que proyecta el gobierno me parece un número totalmente irracional. Con una inflación que este año va a estar rondando el 48%, casi del 50%, me parece que bajarla a esos niveles se lograría sólo que directamente nadie compre nada, que esté todo parado".

De esa manera, el analista económico señaló que "para cualquier industria y cualquier comercio los motores productivos son la luz, el gas o el combustible. Entonces si se proyecta cualquier aumento de luz, gas o combustible, indudablemente el empresario o el comerciante lo van a trasladar a precios".

Este mecanismo, en definitiva, será pernicioso en última instancia para los asalariados. "Al trasladarlo a precios, automáticamente está aumentando el número de la inflación y eso también a la larga de la cadena automáticamente se traslada al bolsillo del trabajador".

El profesional consideró que "es cierto que los números vienen atrasados; tuvimos años donde estos insumos estaban congelados. Además, en este momento, los servicios también están dolarizados. Si en lo que va del año el dólar subió un 105%, es imposible que la luz, el gas o los combustibles suban menos que eso. Entonces indirectamente se siguen trasladando al bolsillo un montón de cosas".

Así, las medidas anunciadas en las postrimerías de 2018 oficiarían como una nueva traba. Con el uso de una capacidad instalada que en promedio alcanza el 60% en la provincia de Buenos Aires, "el impacto en la industria de Olavarría es importante porque para prender una máquina consumen luz o gas. Entonces si sube la luz o el gas, produzcas lo que produzcas, desde piedras a una máquina o la cría de cerdos, van a tener que subir el precio".

Asimismo, determinó que "en lo local está el problema de entrada y de salida porque cualquier cosa que se produce, cuando lo vas a vender, casi el 85 por ciento de la mercadería en la Argentina se transporta en camiones. Entonces, cuando se aumentan los combustibles, también se encarecen los productos que van arriba del camión".

Rechazo

Por último, Martín Capelli, titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, reconoció que para oponerse a los aumentos anunciados "se están evaluando medidas desde el área de Legales". Como un indicio de la postura asumida desde esa oficina remarcó que "desde la Defensoría se pidió la suspensión de la audiencia pública que permitirá aumentar el agua".

En ese sentido, el titular del Organismo, Guido Lorenzino, cuestionó la decisión de aplicar un nuevo aumento, "nos oponemos a la realización de esta nueva audiencia pública, en primer lugar por la falta de información respecto a la prestación que la empresa hace del servicio, además hay zonas donde el agua no es potable, y la empresa no hizo inversiones".

Por lo tanto, Lorenzino destacó que "para plantear un nuevo aumento, primero hay que conocer que hizo ABSA por los usuarios, para mejorar la calidad y la prestación del servicio que les brinda". Dicha audiencia fue convocada por la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA) y está prevista en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata el 8 de enero a las 10.