Cabe recordar que el dirigente José Stuppia, Secretario General de los Trabajadores Municipales, además integra la Comisión Directiva de FESIMUBO y es secretario de Previsión Social.

Texto completo de la denuncia

Sra. Ministra de Trabajo de la

Provincia de Buenos Aires

Lic. Mara Ruiz Malec

Presente.-

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Me dirijo a Ud., en mi carácter de Secretario General de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS MUNICIPALES BONAERENSES (Fe.Si.Mu.Bo.), a fin de presentar formal denuncia contra la empleadora Municipalidad de Olavarría, que bajo el paraguas de la emergencia económica, administrativa y financiera declarada mediante el Dec. 962/20 (se adjunta), dispone la reducción de la planta temporaria, destajista, eventual e, incluso, la planta permanente, en franca violación a la Ley. 14.656, la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional, solicitando desde ya su urgente intervención a fin de evitar los tremendos perjuicios que se ocasionaran a los trabajadores municipales de Olavarria, máxime en el estado de emergencia declarada como consecuencia de la pandemia del COVID 19.

-I-

Consideraciones fácticas. El Decreto 962/20

El decreto en crisis, consta de 8 considerandos, 7 de los cuales son dedicados a la contracción económica y su impacto en la masa coparticipable (1°), la reducción de los fondos coparticipables transferidos en enero y febrero del corriente año resultan inferiores al promedio mensual (2°), la demora en la sanción de la Ley Fiscal provincial genero demoras en la transferencia de impuestos (3°), la demoras en la transferencia del Fondo Educativo y su forma de liquidación (4°), el impacto de la recesión económica nacional en la obra pública y privada y sus efectos en el derecho de explotación de canteras, (5°), los efectos de los índices inflacionarios (53,8%) sobre los gastos corrientes del municipio (6°), la necesidad de flexibilizar (sic) la estructura económica para contar con más fondos disponibles para asistir a la Secretaria de Salud (7°) y, la obligación de dotar de mayor celeridad a los procedimientos administrativos para colocar a la Administración por delante de los sucesos y no a la inversa (sic).

Colocando la culpa en la situación económica en general y, en particular en la administración Provincial, ante las demoras o reducción de las transferencias de los recursos coparticipables, el Intendente Galli pretende, arbitrariamente por cierto y sin ningún reflejo de solidaridad o comprensión, dejar sin trabajo a muchas y muchos trabajadores municipales.

En efecto, mediante el art. 5°, dispone y cito textual: "Dispónese la reducción de la planta política correspondiente del Departamento Ejecutivo y del personal de planta temporaria, destajistas y quienes tengan una relación de empleo contractual de manera eventual o permanente con el Municipio, de acuerdo a lo que el estado de necesidad y urgencia derivado de la emergencia sanitaria requiera"

Como lo vengo sosteniendo histórica y públicamente, los Intendentes Municipales toman de rehenes a las trabajadores y trabajadores municipales colocándolos en las más paupérrimas condiciones laborales y salariales, haciendo de la arbitrariedad el estilo de su administración.

En las horas difíciles que atraviesa nuestro País se requieren decisiones responsables por parte de todos quienes ejercen funciones políticas y de gobierno, donde la solidaridad sea el fundamento central de aquellas.

La decisión del Intendente Galli, además de violatoria de la Ley 14656, la Constitución Nacional y la de nuestra Provincia, cae dentro de la definición de Miserable que efectuara nuestro Presidente Alberto Fernandez, respecto de similares decisiones adoptadas por empleadores del sector privado.

-II-

A MODO DE COLOFÓN - INFORMA

Entenderá Sra., Ministra que el decreto municipal resulta de una gravedad institucional y social inusitada y que la defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores municipales de Olavarría, nos impone la inexcusable obligación de adoptar todas las medidas, políticas, judiciales y de acción directa a fin de evitar se produzcan daños irreparables a las y los trabajadores y sus familias.

En ese marco, formulo la presente denuncia, solicito desde ya su urgente intervención y adopte las medidas pertinentes y, comunico, que hasta tanto no se expida esa Autoridad esta Federación se mantendrá en estado de alerta pero, para el hipotético caso en que se produzcan despidos o cesantías, se adoptarán todas las que sean necesarias hasta el restablecimiento inmediato de las mismas.

Ruben Garcia

Secretario General