El decreto 690, que entró en vigencia en enero, es el que dispone la declaración de servicio esencial para la TV, internet y la telefonía y por lo tanto le da al estado de facultad de aprobar o no los aumentos tarifarios, una medida que el ejecutivo juzgó imprescindible sobre todo por el ritmo de aumento que comenzaron a tener en plena pandemia, cuando el teletrabajo se volvió una modalidad dominante en muchas ramas del mercado laboral.

Pero las compañías resistieron desde un principio el nuevo encuadres y tres de ellas fueron a la justicia para intentar que no se aplique: Telecom, Telefónica (personal) y Claro. La única que obtuvo hasta ahora una respuesta favorable es la primera, que forma parte del grupo Clarín y opera el mayor proveedor de internet, Fibertel, la compañía de telefonía móvil Personal y la cableoperadora Cablevisión.

Por ahora, entonces, Telecom queda exceptuada de la regulación de su tarifa (de hecho, antes de que se dicte la primera medida suspensoria judicial había cobrado por encima de lo que establecía el Estado), ya que la Sala II entiende que hacerlo sufriría un perjuicio económico, algo que el gobierno dice que no está probado.

De todos modos, el Enacom ya indicó que su estrategia judicial es llevar el caso hasta la Corte Suprema, para que decida la máxima instancia, ya que al estar en juego la aplicación de un DNU ratificado por el congreso, se "trasciende el interés de la parte".

A principio de este mes Enacom comunicó que los servicios de telefonía fija y móvil, TV por cable e Internet tendrán un incremento del 3% en el mes de junio y del 5% en e julio de 2021, algo que sin embargo todavía no fue oficializado en el Boletín. Si se considera este último ajuste en suspenso, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%.

Pero con Telecom por fuera de ese tope, el resto de las compañías aguardan fallos judiciales que también las eximan. (DIB)