Daniel Puertas // dpuertas@elpopular.com.ar

Roberto Eliseo "Mono" Castilla Rocha, condenado a prisión perpetua por el crimen del abogado Marcos Alonso, perpetrado diez años atrás, insiste en asumir la autoría material del hecho y proclamar la inocencia de su hermano, detenido hace algunas semanas como partícipe del crimen, y denunciar que está enfermo y en un "buzón" de la Unidad 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Sierra Chica.

Para demostrar la veracidad de sus dichos promete "hacerse cargo de todo lo que hice", lo que podría implicar de ser esto cierto que se esclarecieran resonantes delitos cometidos en distintos puntos de la geografía bonaerense.

Yo quiero que se sepa que (Juan Ramón) Ibáñez y mi hermano no tienen nada que ver.

El se asume como un sicario que fue contratado en más de una oportunidad y deja entrever que en algunos de los hechos que intervino la Justicia nunca aclaró la historia. Evidentemente, todos sus esfuerzos están puestos en desincriminar a su hermano, el que es precisamente sospechoso de ser el hombre que apretó el gatillo contra el penalista, rol que dice haber cumplido Castilla Rocha.

Una de sus afirmaciones más importantes es la de haber sido también el responsable de ocultar el arma homicida, la que nunca apareció. Pero además dice que en el mismo escondite "hay tres armas", la que podrían haber sido utilizadas en otros hechos.

En caso de que alguien de la Justicia decida tomarle la declaración que busca infructuosamente desde hace tiempo, él revelaría dónde están ocultas esas armas. De ser así, habría un elemento fuerte para avalar la veracidad de sus dichos.

"Yo quiero que se sepa que (Juan Ramón) Ibáñez y mi hermano no tienen nada que ver. Lo único que hizo Ibáñez fue manejar el auto (en el que se trasladó el cadáver de Marcos Alonso) hasta donde lo dejamos. Y mi hermano lo único que hizo fue acompañar a mi mujer, por eso lo acusan", sostuvo en uno de los mensajes que envió a este diario.

Contra Ibáñez había una prueba que se consideró decisiva: un trozo de guante de látex con rastros de ADN de la víctima y de "Johnny" que fue hallado insólitamente en la cinta que cubría la boca del abogado.

Los investigadores judiciales y policiales no parecieron encontrar nada extraño en el sitió donde fue hallada esa prueba, aunque parece improbable que alguien que se pone guantes para no dejar huellas sea tan torpe como para perder un pedazo y dejarlo en la boca del muerto.

Castilla Rocha dijo en su momento a este diario que él participó de las maniobras encaminadas a incriminar a Ibáñez y transformarlo en el "perejil" que cargaría con todas las culpas.

En su versión, tanto del crimen como de las tretas para adjudicarle la culpa a Ibáñez y salvar su propia situación participaron varios policías, a los que incluso acusó por otros delitos graves en las audiencias del juicio oral y público.

"La DDI se quedó con toda la merca de Olavarría"

"La DDI se quedó con toda la merca de Olavarría", aseguró el "Mono" en el juicio. Fueron de tal gravedad los delitos que se vislumbraron durante ese juicio que los camaristas que condenaron a prisión perpetua a los dos acusados ordenaron que hubiera un segundo juicio donde se ventilaran todos esos supuestos hechos, que incluían tráfico de drogas, venta de autos robados y autopartes con idéntico origen ilícito y la posible complicidad de funcionarios judiciales y policiales con la organización delictiva.

Hasta donde se sabe, esa investigación, si es que se inició nunca llegó a ninguna parte, no hubo imputados y los sospechosos, muchos de los cuales desfilaron ante los jueces en carácter de testigos.

Eso sí, no faltaron los que fueron a dar con sus huesos a la cárcel por otros delitos.

En cuanto a las posibles complicidades de funcionarios policiales o judiciales tampoco se aclaró nunca nada, aunque hubo una fuerte embestida contra el juez de Garantías Antonio Cayetano Saladino, al que la viuda de Alonso acusó de haber recibido una coima para liberar a un hombre detenido tras balear a otro repetidas veces en las piernas, Walter Gallastegui.

Según declaró, eso se lo había dicho su esposo y no tenía ninguna prueba concreta de ese pago.

Lo cierto es que Saladino fue separado de su cargo y sometido a un proceso penal, el que después de algunos años terminó con su absolución, algo previsible dada la ausencia de pruebas.

Castilla Rocha sostuvo nueve años atrás que había funcionarios de la Justicia que cobraban para otorgar libertades a distintos presos. El asegura que se contó entre los beneficiados, claro que a cambio de fuertes sumas de dinero.

Pero si hubo investigaciones judiciales sobre el tema nunca se supo nada.

Ahora Castilla Rocha promete aportar pruebas sobre otros delitos quizá más resonantes para defender la causa de su hermano.

Hasta ahora nadie parece demasiado dispuesto a escucharlo.