Los hechos tuvieron lugar en Bolívar. La resolución del proceso, al menos en una primera instancia, en Azul. Sin embargo, las réplicas alcanzan toda la región, incluyendo a Olavarría, donde los creyentes y seguidores se cuentan, como mínimo, por decenas. Se trata de la causa judicial contra Raúl Guerreño, más conocido como el "Maestro" o "Hermano" Raúl, quien desde hace ya más de dos años se encuentra detenido acusado de distintas agresiones sexuales. Días atrás un jurado de civiles lo encontró culpable de esas acusaciones y ahora se encuentra expuesto a recibir una severa condena.

La definición del veredicto en manos de personas elegidas primero por el azar y luego por el instinto o estrategia de las partes arroja una importante cuota de imprevisibilidad, más en este tipo de casos, cuando los testigos presenciales de los hechos son prácticamente nulos y las víctimas se encuentran expuestas a todo tipo de preguntas y sensaciones que no hacen más que revictimizarlas.

Este caso lejos estuvo de ser la excepción a todo ello. Bolívar ha registrado prácticamente un antes y un después tras este episodio, con réplicas que generaron un verdadero tembladeral en todas las esferas, con el ejemplo más notorio en la policial, donde fue removida toda la cúpula y varios funcionarios de seguridad quedaron sumergidos en todo tipo de investigaciones y acusaciones.

Pese a ello, al sucederse presiones de todo tipo que alcanzaron a víctimas, su entorno y testigos, el jurado de civiles votó de manera unánime contra Raúl Guerreño, quien fue encontrado culpable de los delitos de "abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por ministro de culto, en concurso real con abuso sexual". 

"La gente no se deja engañar". La reflexión pertenece nada más y nada menos que a la doctora María Julia Sebastián, fiscal de Bolívar y quien instruyó la investigación contra el curandero nativo de Rosario pero radicado hacía años en la vecina ciudad. Guerreño se encuentra alojado desde hace ya un tiempo en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, donde también fue mencionado en la causa por el presunto pago de coimas a personal penitenciario para acceder a diversos beneficios en su detención.

"Si esto fuera política, podría decir que hubo una campaña sucia", continuó la fiscal de Bolívar a medida que daba cuenta del sinnúmero de agresiones, amenazas y todo tipo de hostilidades a las que fueron sometidas las personas que de una u otra manera se vieron implicadas en la investigación. En la mayoría de los casos era buscando que los testigos cambiaran sus declaraciones. "No hay que perder la fe en la gente", enfatizó segundos después en diálogo con este Diario, poniendo el acento en aquellas personas que sin otra motivación más que la búsqueda de justicia dijeron su verdad y lograron con ello que los relatos de las víctimas tuvieran su complemento y fundamento.

Según continuó la funcionaria judicial, varias de las declaraciones que se escucharon en los últimos días correspondieron a otras víctimas que, si bien optaron por no denunciar formalmente al curandero, hicieron oír sus vivencias personales. El otro punto que destacó la doctora Sebastián fue que los testigos arribaron provenientes de ciudades tales como Olavarría, Necochea, Tandil, Carlos Casares o Benito Juárez, por solo mencionar algunas ciudades. Sin pecar de reiterativa, subrayó que fue la búsqueda de justicia lo que los hizo salir a la ruta y conducir hasta Azul.

Fue el fiscal Javier Barda quien estuvo al frente de la querella durante las tres audiencias en las que se prolongó el debate, con jornadas muy extensas, rasgo característico de los juicios por jurados. EL POPULAR dialogó también con el funcionario judicial azuleño quien relató que en la audiencia de cesura, que se desarrolla una vez consumado el veredicto y a la que sólo concurren las partes, planteó que se tome como agravantes al momento de dictar sentencia "la edad de la víctima", "la diferencia de edad entre víctima y victimario", "la reiteración de hechos" y "la manipulación efectuada sobre la menor".

Vale destacar que en la acusación más gravosa la víctima, al momento de los hechos, tenía 13 años y las agresiones se habrían prolongado durante dos años. Con todo ello pidió que se aplique la pena de 18 años de prisión. Ahora todo se encuentra en manos de la jueza María Alejandra Raverta, quien de manera unipersonal representa del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 y que en la jornada del próximo miércoles dará a conocer la sentencia.