Con disidencias dentro del oficialismo, la cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de creación de la Policía Local, una fuerza de proximidad destinada a distritos con más de 70 mil habitantes, que tendrá a su cargo la prevención y conjuramiento de delitos en las comunas que adhieran a la ley.

Con la presencia del Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en uno de los palcos del recinto, el kirchnerismo logró imponer su despacho con el apoyo de Nuevo Encuentro, Lealtad Peronista y el acompañamiento parcial del Frente Renovador y Unión Celeste y Blanco, que aprobaron en general pero cuestionaron algunos artículos en particular. En tanto, la UCR, el FAP, Unidad Popular y el Frente de Izquierda, quienes vaticinaron que la nueva policía será una "fuerza de choque" para los intendentes, se opusieron a la norma.

En tanto, el diputado oficialista Juan José Mussi sorprendió a sus compañeros de bancada al votar contra el capítulo del financiamiento de la fuerza. El exfuncionario nacional fue el habitual vocero de los intendentes del Conurbano durante el debate de la ley, y la semana pasada frenó el tratamiento por el descontento de los jefes comunales con algunos artículos. Por ello, sus sorprendidos colegas -muchos se enteraron durante la sesión- tomaron nota de la actitud, ya que marcaría un nuevo reparo de los barones del Conurbano a la norma.

En efecto, los intendentes estarán nuevamente en el centro de la escena la próxima semana, cuando el proyecto se debata en el Senado. La cámara Alta suspendió la sesión prevista para mañana y convocó a un grupo de jefes comunales para que revisen el articulado nuevamente, y la intención oficial es que el expediente sea tratado el jueves próximo.

Tras presenciar el debate por más de cuatro horas, el ministro Granados aseguró que "la implementación va a demandar un año y va a haber 40 nuevas policías, además de otros municipios que deseen adherir".

"La proximidad que va a brindar la Policía Local va a hacer que el vecino se sienta mejor", indicó el funcionario, quien aseguró que el financiamiento de la fuerza está "asegurado". Sobre la actitud de Mussi, Granados señaló que "el compañero Mussi quiere que la financiación esté contenida en la coparticipación, pero no va a haber inconvenientes".

Por su parte, el miembro informante del FpV, el diputado sciolista Guido Lorenzino, señaló que "no queremos más policías que tengan que cumplir órdenes ilícitas por obediencia debida", y ejemplificó que "el caso Arruga nos pasó a nosotros y tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que lograr una policía de la democracia".

Sobre el financiamiento, Lorenzino aseguró que el proyecto "rompe la discrecionalidad y el sometimiento de que los intendentes tengan que peregrinar por recursos". Si bien reconoció que dentro del propio kirchnerismo hubo "diferencias", el legislador que responde al Gobernador Daniel Scioli descartó modificar la estructura de la Coparticipación a municipios como reclamaba el massismo, al sostener que se trataba de un sistema "complicado".

Por su parte, el titular del bloque de Diputados del Frente Renovador, Jorge Sarghini, aseguró que "la letra del proyecto no garantiza la automaticidad. Solo genera un fondo de policía y los recursos que entran al tesoro".

Según explicó Sarghini, "si hay algo que puede generar conflicto es cuando la responsabilidad del gasto está en un lado y la recaudación de recursos, en otro. Cuando esto sucede hay que tener mucho cuidado con los instrumentos de aplicación, que tienen que ser muy precisos y en este caso no lo son".

En tanto, el diputado Jorge Giacobbe (Frente Renovador), sostuvo que la ley "es la confirmación del fracaso de las políticas de seguridad del Gobierno".

Por otro lado, el legislador advirtió que el proyecto aprobado hoy posee un artículo que modifica el código de actuación de todas las policías, que no podrán detener a personas por averiguación de antecedentes. "De esta manera, por ejemplo, ante una denuncia vecinal, le quitan a la Policía la facultad de demorar a personas en circunstancias justificadas y cuando se nieguen a identificarse o no tengan documentos", alertó.

Por su parte, el titular del bloque del FAP, Marcelo Díaz, indicó que "la ley no va a servir para nada" y apuntó contra kirchneristas y massistas, a quienes acusó de ser "los responsables del desastre en políticas de seguridad y van a llevar la lucha contra el crimen organizado a la derrota total".

Como respuesta, el diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, indicó que con la iniciativa "no queremos fortalecer ejércitos privados ni construir policías incontrolables ni que no cumplan con sus funciones".

"Estamos en la antesala de un proceso de descentralización en la administración de la seguridad. Esto acerca la policía al vecino y la conducción de la policía al escrutinio ciudadanos: los desmanejos y las malas intenciones sin lugar a dudas van a tener una mirada directa de la gente en la calle".

DIB