Advirtió en tal sentido "los múltiples efectos negativos que acarreará la nueva legislación a poco de andar y que se profundizarán con el tiempo".

Expresó, en una declaración de prensa, que "bajo el pretexto de dar una señal positiva a un sector de la sociedad, el gobierno comete un grave error que generará un círculo vicioso que afectará, no sólo a los propios inquilinos sino también al movimiento económico que genera la construcción con destino a renta, y que activa en forma inmediata a más de treinta y cinco gremios en forma directa".

Donsanto, quién representa a más de diez mil martilleros y corredores inmobiliarios bonaerenses, aclaró que "desde la entidad propiciamos la sanción de una ley porque con las derogaciones que hubo desde finales de los "80, no tenemos nada concreto", pero advirtió que la nueva legislación "no tiene que ser violatoria de derechos consagrados, como lo hace este proyecto".

Algunos de los ejes del proyecto, que busca bajar los costos para los inquilinos, apuntan a extender los contratos a tres años y que los alquileres se actualicen cada seis meses en base a un promedio de salarios e inflación.