Concretamente, si se aprueba el proyecto que fue ingresado el viernes pasado a la Legislatura bonaerense, aquellos empleadores que contraten a quienes hayan sido víctimas de ese delito, podrán imputar el 50 por ciento de las remuneraciones que perciban esas personas, como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos. Este beneficio deberá contar con la autorización del damnificado, y proteger la confidencialidad de la información.

El proyecto legislativo, impulsado desde el ministerio de Justicia, contempla la modificación del artículo 208 de la Ley 10.397 (Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires), y tiene como antecedente la creación del cupo laboral para personas con capacidades diferentes (Ley 10.592) y para liberados del sistema penitenciario (Ley 14.301).

"La iniciativa se enmarca en la necesidad de sumar acciones y mecanismos para una más eficiente prevención y represión de este delito, así como para una mayor protección y asistencia a los damnificados", explicó el ministro de Justicia, Ricardo Casal, y añadió que "este instrumento permitirá a la sociedad civil y al sector privado participar más abiertamente en la inclusión social de las víctimas".

Cabe señalar que el gobernador Daniel Scioli puso en funcionamiento el jueves pasado la Oficina de Lucha contra la Trata. Además se firmó el decreto de creación del Sistema Integrado de Refugios para las Víctimas de Trata y se lanzó la campaña de información "No a la Trata", que se expondrá en las boletas de servicios públicos.