Este miércoles se sortearon a 12 mil ciudadanos de los cuales de Olavarría serán cerca de 70.

Un total de 11.384 ciudadanos bonaerenses resultaron seleccionados para integrar jurados populares, hecho que fue calificado como "histórico para la democracia" por el gobernador Daniel Scioli.

"Es un hecho histórico para la democracia", señaló Scioli durante la ceremonia realizada en el salón de sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Del total de convocados, 10.890 corresponden a personas con documentos terminados en el número 983, y 494 ciudadanos cuyo DNI finaliza en 461.

El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Justicia Ricardo Casal y funcionarios del Poder Judicial, dijo además que "la responsabilidad de los jurados será máxima" porque "estarán decidiendo sobre lo más sagrado que, junto a la vida, es la libertad de las personas".

Scioli admitió que la iniciativa tuvo "críticas y resistencia de algunos sectores", pero sostuvo que el sistema "es la mejor manera de consustanciar a la gente en torno al problema que más nos preocupa y ocupa a todos los argentinos que es la inseguridad".

El listado de los 11.384 bonaerenses sorteados se repartirá entre los 18 departamentos judiciales, de acuerdo a domicilio declarado de cada persona, y luego se notificará por cédula judicial a los seleccionados.

El Poder Judicial se encargará de depurar el listado, apartando a las personas que se encuentren inhabilitadas y se conformará un padrón definitivo de jurados que será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes, y actuarán únicamente en casos de delitos graves, cuya pena sea mayor a los 15 años de prisión.

Participar del proceso será obligatorio por tratarse de una "carga cívica" por lo que el ciudadano seleccionado podrá ser convocado por la fuerza pública y quienes participen recibirán una remuneración.

El cuerpo será presidido por el juez, quien suministrará las instrucciones para que los jurados deliberen, y luego los integrantes deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogables por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

En caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado (debe haber como mínimo 10 opiniones unánimes) la votación se repetirá en tres oportunidades y de seguir así se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, para lo cual hará falta conformar un nuevo tribunal.

La absolución decretada por el jurado será inapelable, no así la culpabilidad que podrá ser recurrida; mientras que los imputados tendrán derecho a renunciar a la aplicación del juicio por jurado de civiles.

Respecto a las garantías en materia de seguridad de los integrantes del jurado, Casal dijo que serán "las mismas que tienen hoy en los juicios orales", aunque reconoció que "si hay un caso en particular donde un jurado se sienta amenazado el Estado va a intervenir".

"Hemos tenido juicios orales muy complejos, donde había mucha carga emocional, donde se han insultado y hubo hasta un cachetazo en el medio, pero en la provincia en 16 años de juicio oral no hemos tenido inconvenientes mayores", afirmó.

El ministro aclaró que los integrantes del jurado "no deberán considerar (durante el juicio) cuestiones jurídicas -calificaciones penales, atenuantes o agravantes- y si deberán considerar la fuerza y validez probatoria de cada hecho vinculado al proceso".

Si bien no hay fecha prevista para el primer juicio por jurado en la provincia, Casal anticipó que el nuevo sistema es aplicable para "todos los hechos posteriores a la sanción de la ley, así que calculamos como probable que antes de fin de año pueda haber algún juicio" de estas características.

DyN