Votada dos veces en general, sin alcanzar el tratamiento de los artículos, la ley que "todos quieren" no logra su sanción definitiva. La propuesta oficial apunta a crear una policía con unos 15 mil efectivos distribuidos en 40 municipios, que se desempeñe conjuntamente con la Bonaerense y las fuerzas federales y que, teniendo a los intendentes como sus jefes, reciba el financiamiento del gobierno provincial para los salarios y el equipamiento logístico, con la idea de crear una "fuerza de proximidad".

El texto fue enviado en febrero pasado a la Cámara de Diputados por iniciativa del gobernador Daniel Scioli y con una fuerte impronta del ministro de Seguridad, Alejandro Granados. Fue cuando comenzaron a circular los rumores de la retirada de gendarmes de la Provincia, pero había sido además reclamo de distintos espacios opositores que en los últimos años habían presentado propuestas propias.

Ya en 2012 el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, había impulsado su propia iniciativa, que no prosperó, al igual que lo habían hecho el massismo y los bloques de Unión Celeste y Blanco y Nuevo Encuentro.

El proyecto de Casal no descentralizaba la fuerza de prevención sino que creaba una policía similar a la que ahora funciona en distritos del interior pero para todos los distritos de la Provincia: un cuerpo de efectivos que dependiera funcionalmente del intendente, pero de manera orgánica siguiera perteneciendo a la Provincia. Algo similar había impulsado el diputado de Unión Celeste y Blanco Guillermo Britos, con el espíritu de volver al "policía de barrio".

El proyecto que presentó Granados sufrió, al pasar por las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, varios cambios en los que cada sector hizo sus aportes para alcanzar un texto de ley con más de cien artículos, que incorporaba aspectos del pensamiento de las distintas bancadas sobre el criterio y características que debía tener la nueva fuerza policial.

Y más allá de las discusiones sobre cómo tenía que ser la policía local, el rechazo más contundente se dio por la forma de financiamiento que establecía la ley, que generó una fuerte reacción de los intendentes y del FR, y hasta la abstención del diputado del FpV Juan José Mussi de votar ese capítulo.

La cuestión del financiamiento es fuertemente cuestionada por el massismo, que busca que la nueva fuerza se sustente por un mecanismo automático, similar al implementado en la ley de coparticipación. En tanto, desde el FpV afirman que esa forma está garantizada en la redacción actual del proyecto. 

Otro punto en que ni el Frente Renovador ni el oficialismo dan el brazo a torcer es el del tema de la portación del arma: el massismo considera que los agentes deben tener esa facultad las 24 horas porque de lo contrario se lo deja en desprotección respecto de los delincuentes; el FpV cree que la portación fuera del horario de servicio no es necesaria y propicia los casos de gatillo fácil.

Algo similar ocurre con la limitación para la detención por averiguación de antecedentes en la que mientras el oficialismo hace hincapié en los abusos de esta facultad por parte de las policías actuales, el massismo considera que es necesaria. La dependencia "funcional y operativa" de las distritales de los intendentes que adhieran a la policía comunal es otro de los puntos de conflicto en el que mientras los jefes comunales no lo quieren, el oficialismo insiste es que es una ley "fruto del consenso".

El Día