De acuerdo a los principales lineamientos, la denominada ley de leyes contempla un total de gastos por $929 mil millones: mientras que los recursos llegan a $889 mil millones, para el año próximo el déficit está estipulado en $40 mil millones. El proyecto contempla así un incremento del gasto de un 47% con respecto a los $629 mil millones calculados para transitar el actual ejercicio.

En tanto, el pedido de deuda es de $77 mil millones ($68.500 a mediano y largo plazo y 8500 en letras que vencen dentro de 2019). Según informó el Gobierno, es el pedido de deuda más bajo de la actual gestión: en 2016 fue 2,13%; en 2017 fue 1,43%; en 2018 fue 1,24%, y el año próximo se ubicará en 1,06% del producto.

Sin embargo, uno de los puntos que más se esperaba tiene que ver con la presión tributaria, ya que algunos sectores hicieron escuchar su voz de preocupación. En este punto, el Presupuesto, que deberá debatirse en las próximas horas en la legislatura, prevé un aumento del Inmobiliario del 38% para todas las categorías: urbano, edificado, baldío y rural. En lo que respecta al agro, seguirán eximiendo a los pequeños productores que tengan hasta 50 hectáreas.

En tanto, habrá una baja de Ingresos Brutos en varias categorías; en lo que le toca al campo, un sector que se mostró en contra de la suba del Inmobiliario, bajará de 1,5 a 1,2 la presión. También habrá una merma de Ingresos Brutos en la construcción, de 3% a 2,5%; en servicios profesionales, de 5 a 4,5; en transporte, de 3 a 2 y en servicio públicos, de 4% a 3,75%. Esta disminución significa una transferencia del sector público al privado productivo de $10 mil millones, según estimó el Gobierno.

Uno de los ítems que generará discordia con los municipios es el que se relaciona con el transporte y los subsidios que recibían los alcaldes. Como no habrá una compensación al transporte "intra jurisdicción", las comunas deberán absorber $2500 millones. Así los intendentes, o suben el valor de los boletos o se hacen cargo ellos del costo.

Asimismo, el Presupuesto crea un impuesto al juego online: 15% en Ingresos Brutos, más un canon del 34% y otro a los premios de tragamonedas del 2%. Mientras que también se contempla un cambio en el Fondo Educativo: se modificarán los porcentajes que tienen que comprometer a obras de infraestructura para que sea del 100% en el conurbano y del 70% en el interior.

Para aprobar la norma, Vidal da por descartado que no contará con el apoyo del kirchnerismo y la izquierda, por eso la administración bonaerense viene manteniendo conversaciones con los intendentes "dialoguistas" del conurbano y con el Frente Renovador. Incluso, la gobernadora se reunió el viernes pasado con Sergio Massa, quien le habría planteado como moneda de cambio para la contar con el apoyo de su fuerza una ley para que los intendentes puedan adelantar las elecciones locales. (DIB)