La iniciativa, impulsada por el ministerio de Justicia, dispone que quienes empleen a esos ciudadanos podrán imputar el 50 por ciento de las remuneraciones abonadas como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos.

El beneficio "deberá contar con la autorización del damnificado y proteger la confidencialidad de la información", según señala el proyecto que modifica el artículo 208 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

El titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal, reveló que "muchas personas que han sido sometidas a este delito, recuperadas, no tienen herramientas para insertarse, ya sea por un prejuicio social o por falta de habilidades a consecuencia de su sometimiento".

Casal consideró que con esta ley "se promueve, reconoce y procura un espacio de trabajo para las víctimas de trata" y que "lo que se busca es capacitación, formación e inserción en los ámbitos laborales".

Finalmente, el funcionario expresó que "frente a las posibilidades humanitarias que crea este proyecto, el esfuerzo fiscal que conlleva esta iniciativa es irrelevante si se considera que no resolver esta problemática tiene costos sociales altísimos".

El proyecto se suma a la puesta en marcha de una oficina de lucha contra la trata, anunciada la semana pasada, y la creación de un sistema de refugios para víctimas de ese delito, más una campaña de información en boletas de servicios públicos.

DyN