Para que la democracia funcione se requieren autoridades competentes y probas. Lamentablemente, esta condición ineludible parece haberse extraviado en las últimas dos décadas, dando paso a una gestión pública que raya en lo absurdo. Un ejemplo de esta decadencia es el Gobierno Municipal de La Paz, particularmente, la presidencia del Concejo. 

Lourdes Chambilla, presidenta del Concejo en representación de la agrupación Somos Pueblo (alias “Tata” Quispe), está dejando un legado difícil de igualar, al menos en términos de ineficiencia. Bajo su presidencia, el legislativo municipal ha agendado apenas un promedio efectivo de una sesión semanal. Esa frecuencia no justifica su salario mensual de 19.000 bolivianos, monto que también percibimos los otros concejales. En total, el funcionamiento del Concejo le cuesta a la ciudadanía paceña 30 millones de bolivianos al año. 

Algo peor, Chambilla prioriza sus viajes con recursos públicos a celebraciones en otros municipios y no convoca a sesiones de directiva. Más preocupante aún, la Presidencia cuenta con un presupuesto mensual de 87.000 bolivianos destinados a asesores, cuyas capacidades y perfiles dejan mucho que desear, evidenciado por constantes inobservancias al reglamento interno.

El panorama se agrava con sesiones convocadas sin la debida carga de documentación previa de 24 horas, tal y como exige la normativa. Asimismo, se aprueban resoluciones municipales con un entendimiento cuestionable del concepto de mayoría absoluta, y se agendan proyectos de ley sin los informes técnicos requeridos ni el paso correspondiente por comisiones. Oculta denuncias a la Comisión de ética como la que presenté contra el Alcalde por el DM034 de regularización de construcciones fuera de norma, e incluso una contra ella misma por maltrato a un funcionario edil. Lo propio con las solicitudes de audiencia en el Pleno del Concejo, hay dos relacionadas con posibles irregularidades en la concesión de la basura en la ladera Este que extrañamente no han sido agendadas hasta la fecha.

En ese sentido, uno de los mayores desatinos del actual Concejo Municipal es la aprobación de la Ley 499. Ese mamarracho de ley es la cereza sobre el pastel porque es un texto jurídico con errores tanto de forma como de fondo. Esta normativa, ingresada con dispensación por la concejal Chambilla y aprobada por el voto alegre de la bancada del MAS, evidencia fallas estructurales inadmisibles que uno se pregunta si realmente hubo un editor o se usó el autocorrector del celular. A saber:

Errores de Forma: Redacción deficiente, gramática incorrecta, problemas de sintaxis y ortografía. Cualquier parecido con el español es pura coincidencia.

Errores de Fondo: La ley atenta contra la separación de poderes al permitir la destitución de funcionarios ediles por simple decisión política. De este modo, transforma las minutas de comunicación –recomendaciones en cualquier sistema democrático– en obligaciones. Como bono, usurpa las funciones de la Contraloría General del Estado. Esta ley es la verdadera joyita que nos ha generado un caos institucional.

El Órgano Ejecutivo, en un intento por restaurar el orden, presentó una acción de inconstitucionalidad que, lamentablemente, sigue pendiente en el sistema judicial. El resultado: el Concejo Municipal lleva 780 días sin fiscalizar al Ejecutivo. Queda en evidencia la total falta de funcionalidad y compromiso con la transparencia.

En este escenario de irregularidades, se ha normalizado el uso de protagonismos políticos sin sentido como la censura de secretarios municipales y subalcaldes. Tal el despropósito que cuando el Tribunal Constitucional publicó su sentencia este viernes, los funcionarios censurados ya no formaban parte de la administración. El único sobreviviente es el Secretario Ejecutivo, José Carlos Campero, quien fue destituido y recontratado en el tiempo que uno se toma un cafecito. La cada vez más frecuente renuncia de autoridades del Ejecutivo es un tema que amerita un artículo completo, pues es un claro indicador sintomático de la calidad de gestión y liderazgo del Alcalde Arias.

Es posible que Chambilla arme la próxima semana otro show para anunciar procesos contra el Alcalde por incumplimiento de deberes, incumplimiento de resoluciones judiciales y responsabilidad civil por el pago de sueldos por todo el tiempo que los censurados siguieron en funciones; y cuanto proceso creativo se le ocurra al Tata Quispe y a Pierre Chaín.

Mientras tanto, el Concejo Municipal no delibera, no legisla y mucho menos fiscaliza, pero sigue costándole a los paceños 30 millones de bolivianos al año. El desgaste institucional es evidente, y los únicos beneficiados parecen ser quienes perpetúan estas prácticas. La política municipal, lejos de resolver los problemas de la ciudad, se ha convertido en un foco de conflictos, rumores y malestar generalizado.

La situación del Concejo Municipal de La Paz no solo refleja una crisis institucional, sino también un profundo desprecio por la responsabilidad pública. La falta de preparación y rigor de sus autoridades ha convertido al Gobierno Municipal en un símbolo del teatro del absurdo, donde las prioridades ciudadanas han sido reemplazadas por intereses políticos y un espectáculo sin beneficio alguno para los paceños.

Tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo municipal reflejan la preocupante falta de preparación y compromiso con la institucionalidad. La política local, en lugar de abordar las necesidades de la ciudadanía, se ha convertido en un espectáculo donde las decisiones parecen tomarse con la misma ligereza con la que se elige un menú del día. La falta de rigor y conocimiento de las autoridades actuales es alarmante y genera consecuencias que los ciudadanos no pueden ignorar.

Bolivia, tierra de diversidad cultural y espíritu libertario, se encuentra atrapada en una paradoja digna de estudio con leyes que parecen redactadas en una servilleta a las tres de la mañana. El Estado de Derecho, producto de siglos de influencias europeas, luchas independentistas y tradiciones indígenas, debería ser la columna vertebral de la democracia. La Presidencia del Concejo está alejada de esta concepción básica que genera progreso y transparencia. 

La ciudadanía merece algo más que un espectáculo costoso y carente de resultados. Al final del día, la política municipal no debería ser un circo, sino una herramienta para construir un futuro mejor para La Paz.