En el corazón de nuestra democracia, el acceso a información transparente es un pilar que sostiene los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en el actual proceso de elecciones judiciales y a falta de menos de veinte días para el acto electoral, se ha encendido una alarma preocupante: una grave falta de difusión está silenciando el derecho del pueblo a informarse y elegir con conocimiento.

Esta situación no es solo un descuido administrativo, sino una vulneración directa a los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política del Estado, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 018 de Organizaciones Políticas. Estas normativas exigen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) asegure un proceso electoral accesible, transparente e igualitario.

¿Cómo puede la ciudadanía ejercer su soberanía popular si no se le otorgan las herramientas necesarias para conocer a los candidatos? La Ley 026, en sus artículos 6 y 80, establece claramente que el TSE debe garantizar un acceso oportuno y claro a la información. La omisión de esta responsabilidad es un acto que despoja a los ciudadanos del poder de decidir con libertad e información.

Más allá de un mandato legal, esto afecta la esencia misma de la democracia. La falta de difusión no solo obstaculiza el derecho individual a elegir, sino que pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral y compromete la confianza del pueblo en sus instituciones.

Los candidatos también son víctimas de esta falta de promoción adecuada. Sin mecanismos que den a conocer sus perfiles y propuestas, el esfuerzo por alcanzar la justicia queda invisible ante el electorado. Esto no es solo injusto, es una falla que exige corrección inmediata.

Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes. Debemos exigir que el TSE y sus órganos ejecutores, como el SIFDE, cumplan con su obligación de informar. Si no lo hacen, corresponde activar medidas legales para garantizar que los derechos del pueblo sean respetados.

Este no es solo un llamado de atención. Es una invitación a unirnos para defender el derecho a elegir con conocimiento, un derecho que no es negociable y que define el futuro de nuestra democracia. La transparencia y la equidad no son privilegios, son obligaciones que deben cumplirse.