La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió al presidente Luis Arce la eliminación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual permite la “confiscación y/o decomiso de productos” de empresas bajo el argumento de evitar el encarecimiento de precios.

En un comunicado, los industriales manifestaron su alarma por lo que califican como una medida “arbitraria y represiva” que podría generar inseguridad jurídica para las empresas legalmente establecidas. Según la CNI, esta disposición facultaría a entidades públicas a confiscar productos, lo que podría traducirse en prácticas discrecionales y extorsivas por parte de funcionarios públicos.

Impactos negativos señalados por la CNI

La organización advirtió que esta medida podría tener consecuencias graves en la economía nacional:

• Desabastecimiento alimentario: Muchas empresas podrían optar por reducir o cesar su producción para evitar riesgos.

• Desempleo y caída de inversión: La incertidumbre afectaría tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras, disminuyendo la inversión privada.

• Fomento al contrabando: Mientras las empresas formales serían reguladas estrictamente, el sector informal podría beneficiarse de esta disposición.

La Cámara Nacional de Industrias exhortó al Gobierno a priorizar políticas económicas que impulsen el crecimiento y la inversión en el sector industrial, en lugar de implementar medidas de carácter represivo.

“La citada disposición no sólo afecta a la seguridad jurídica, sino que desincentiva la inversión en momentos en que otros países sudamericanos están creando condiciones favorables para la iniciativa privada”, señaló la institución en su comunicado.

El sector enfatizó la necesidad de fomentar el desarrollo industrial nacional y adoptar medidas que impulsen la formalización y el crecimiento económico en lugar de generar incertidumbre en el mercado.