El economista Gonzalo Chávez realizó un exhaustivo análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, señalando profundas preocupaciones sobre su sostenibilidad, las implicaciones del creciente endeudamiento externo y las medidas que, según él, priorizan intereses políticos a corto plazo sobre soluciones estructurales a los problemas económicos del país.

Uso del oro como garantía: ¿una señal de desesperación?

Uno de los puntos más críticos del análisis de Chávez es la decisión del gobierno de utilizar las 22 toneladas restantes de oro en las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) como garantía para obtener financiamiento. Según el artículo 19 de la Ley Financiera, el gobierno planea “empeñar” este oro sin moverlo de las bóvedas extranjeras donde se encuentra depositado.

“Cuando un gobierno recurre a las reservas de oro, es como una familia que vende las joyas de la abuela: es una clara señal de que las cosas están mal. Esto envía un mensaje alarmante a los mercados y a los actores económicos sobre la fragilidad de nuestra economía”, afirmó Chávez.

El economista destacó que, en 2023, el gobierno vendió 22 toneladas de oro previamente autorizadas, generando ingresos de alrededor de 1.200 millones de euros. Sin embargo, el compromiso de reponer estas reservas comprando oro local no se cumplió. “Ahora están raspando la olla, utilizando lo último que queda de nuestras reservas como garantía para financiar un déficit que sigue creciendo”, advirtió.

Déficit fiscal y un endeudamiento sin precedentes

El déficit fiscal previsto para 2025, que representa un 9,2% del PIB (unos 4.232 millones de dólares), será cubierto mayoritariamente mediante deuda. Según el análisis de Chávez, las estrategias planteadas incluyen:

1. Bonos soberanos: Emisión de 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales.

2. Préstamos internacionales: Obtención de 1.000 millones de dólares de organismos multilaterales.

3. Créditos de contingencia: Solicitud de 400 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Bonos verdes y de carbono: Expectativa de recaudar 5.000 millones de dólares mediante compromisos ambientales.

Chávez destacó que esta estrategia incrementa significativamente la deuda pública y transfiere el costo a las generaciones futuras. “Estamos hipotecando el futuro del país. Esta deuda no la pagaremos nosotros; la pagarán nuestros hijos y nietos mediante mayores impuestos o recortes en servicios públicos. Es un presupuesto populista que sacrifica la estabilidad económica a largo plazo por medidas de corto plazo que no resuelven los problemas estructurales”, sentenció.

Recortes a la Renta Dignidad: una medida polémica

El presupuesto propone eliminar la Renta Dignidad para ciertos grupos, como trabajadores mayores, accionistas, pensionados y beneficiarios de gastos funerarios. Chávez calificó esta medida como un “golpe a los más vulnerables”.

“Es una medida revanchista que afecta a quienes más lo necesitan, mientras el gobierno mantiene gastos exorbitantes en propaganda, empresas estatales ineficientes y una burocracia desmesurada. ¿Cuánto van a ahorrar recortando la Renta Dignidad? Nada que realmente alivie el déficit fiscal. Es simplemente una excusa para atacar a sectores específicos, como médicos, maestros y jubilados”, afirmó.

El economista también criticó la falta de recortes en sectores que podrían generar un ahorro significativo, como las empresas públicas deficitarias y el gigantesco aparato estatal que emplea a más de 600.000 personas.

Otros puntos críticos del PGE 2025

1. Uso de criptomonedas: El artículo 7 de la Ley Financiera autoriza a empresas públicas y privadas a utilizar activos virtuales. Chávez señaló que, aunque esto podría interpretarse como un intento de modernización, también refleja la falta de dólares físicos en el país.

2. Reducción de impuestos: Aunque busca atraer inversión y abaratar importaciones de hidrocarburos, esta medida podría reducir los ingresos fiscales, agravando aún más el déficit público.

3. Control de precios: Una disposición adicional otorga al gobierno la potestad de supervisar la cadena de producción y comercialización de alimentos. Chávez criticó este enfoque represivo como una estrategia ineficaz para combatir la inflación, que podría distorsionar aún más el mercado.

Un presupuesto insostenible

Chávez concluyó que el PGE 2025 es un reflejo de un gobierno que, en lugar de realizar ajustes estructurales necesarios, opta por medidas desesperadas que agravan la incertidumbre económica.

“El gasto excesivo, la falta de reformas en empresas públicas y el endeudamiento sin límite nos están llevando al borde de una crisis económica más profunda. Este presupuesto no es sostenible y, lejos de solucionar los problemas actuales, está hipotecando el futuro del país”, afirmó.

Para Chávez, el PGE 2025 representa no solo un desafío económico, sino también un llamado urgente a implementar políticas estructurales que prioricen la sostenibilidad fiscal y la transparencia, y que realmente respondan a las necesidades de los bolivianos.