El representante de El Vaticano ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU), Silvano Tomasi, que compareció por segundo día ante el Comité de la ONU contra la Tortura, reiteró que si bien la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pedofilia por integrantes del clero cometidos en terceros países, sí tiene competencia para apartar a los sacerdotes culpables si se comprueba que cometieron el delito.

"La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores", explicó Tomasi.

Asimismo, precisó que estas acciones se llevan a cabo "sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado", consignó la agencia EFE.

En abril, el papa Francisco expresó su dolor por los abusos contra menores cometidos por miembros de la Iglesia, pidió perdón y aseguró que no se dará un "paso atrás" en el tratamiento y las sanciones de esos casos.

Para enfrentar la situación, instituyó la Comisión para la Protección de los Menores que, el viernes pasado, tras su primera reunión, explicó que trabajará en programas de educación, formación y respuesta ante los abusos.

La Comisión cuenta entre sus miembros con el sacerdote argentino Humberto Miguel Yáñez Molina y la irlandesa Marie Collins, víctima de abusos sexuales por parte de un religioso, la francesa Catherine Bonnet; la psiquiatra británica Sheila Hollins y un profesor de derecho canónico, el italiano Claudio Papale, entre otros.

Tomasi explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de un clérigo, el obispo local "tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis", por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que esta dirima al respecto.

Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, "y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical".

Tomasi aportó las cifras solicitadas ayer por la relatora del Comité, Felice Gaer, quien había pedido datos sobre sacerdotes investigados por la Congregación y cuántos de ellos habían sido condenados.

"De 2004 a 2013 la Congregación estudió 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años", afirmó Tomasi: 730 en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 en 2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013.

Tomasi especificó que los casos se refieren a conductas delictivas cometidas desde 1950 hasta finales de la década de los ochenta, pero no a acciones contemporáneas.

De estos 3.420 casos, 884 sacerdotes fueron separados de su condición clerical: 89 en 2004; 84 en 2005; 114 en 2006; 84 en 2007; 68 en 2008; 69 en 2009; 84 en 2010; 143 en 2011; 70 en 2012; y 43 en 2013.

El representante diplomático vaticano añadió que en otros 2.572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que no especificó.

En este sentido, precisó que en 2004 fueron sancionados 641 clérigos; 100 en 2005; 104 en 2006; 132 en 2007; 123 en 2008; 127 en 2009; 380 en 2010; 259 en 2011; 348 en 2012; y 358 en 2013.