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Cuando se detuvo en la tarde del miércoles al ayudante fiscal de General La Madrid se inició un movimiento capaz de causar un cataclismo judicial y político en esa ciudad, ya que figuran en la causa otros imputados, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Jorgensen, a la que se involucra en presuntas maniobras de las que habría participado en su carácter de escribana.

El titular de la ayudantía fiscal lamatritense, José María Elis, suspendido en sus funciones desde tiempo atrás, está acusado de nada menos que nueve tipos de delito diferentes, por lo que según la acusación había convertido la oficina del Ministerio Público en un polirrubro de actividades ilegales.

La noticia que comenzó a difundirse ayer desde fuentes del Ministerio Público sólo menciona a Elis, quien ya había sido citado meses atrás a prestar declaración indagatoria, pero no se nombraba a otros involucrados. Sin embargo, hay más implicados en el voluminoso expediente de la causa instruida por el fiscal de casos especiales de Azul Javier Barda.

Entre ellos figura Paola Jorgensen, quien podría ser convocada a prestar declaración indagatoria la próxima semana, además de otra abogada que ejercía su profesión en La Madrid y otras personas, entre ellas la actual pareja de Elis.

Elis está acusado de prevaricato, cohecho, ejercicio ilegal de la profesión, ya que simultáneamente con el ejercicio de su cargo trabajaba como abogado, utilización de la información y datos reservados con fines de lucro en grado de tentativa, falsificación de instrumento público y estafa, entre otras cosas.

Desde exigir un pago para devolver vehículos secuestrados por distintas razones hasta vender una propiedad con un poder que si existía nunca apareció, Elis no parecía privarse de nada, según consta en el expediente. "Sería más adecuado preguntarse qué no hizo", graficó una fuente judicial cuando se le preguntó qué ilícitos habría cometido el ex policía que después de recibirse de abogado en Olavarría dejó el uniforme y se calzó el traje de la carrera judicial.

El pedido de detención había sido presentado por Javier Barda hace varios días y el juez de Garantías, Carlos Villamarín lo concedió una vez concluida la feria judicial. A pesar de que Elis conocía perfectamente la investigación a la que estaba siendo sometido continuó ejerciendo su profesión en La Madrid, detalle que sorprendió a más de un miembro de la Justicia.

Actuaba como si creyera que tenía garantizada la impunidad, conjetura que se refuerza por la circunstancia de que siendo ayudante fiscal ejercía su profesión en un distrito con algo más de 15 mil habitantes en toda su extensión, según los datos de 2010, lo que implica que lo hacía prácticamente a la luz pública.

Paola Jorgensen inició su carrera política en La Madrid como integrante de Integración y Movilidad Social (IMOS), en cuya representación accedió por primera vez a una banca hace años. Después el IMOS formó junto a la Unión Cívica Radical el Frente Todos por La Madrid y en diciembre del año pasado llegó a la presidencia del Concejo con el apoyo del oficialista Frente para la Victoria ya que su frente se dividió al momento de elegir las autoridades del cuerpo.

Jorgensen había sido muy crítica de la administración del intendente Juan Carlos Pellitta, al que consiguieron vencer en las últimas legislativas.

En 2009 Paola Jorgensen motorizó una denuncia, junto al bloque del IMOS, contra la ex directora de Regularización Dominial, Patricia Pavón, a la que acusaron de quedarse con terrenos adjudicados mediante el Plan Familia Propietaria para construir una casa y una bloquera.

Si en ese momento quedaron cuentas por saldar, en estas circunstancias es probable que a la titular del cuerpo deliberativo lamatritense le lleguen varias facturas.

Antes de llegar al HCD, Paola Jorgensen también estuvo a cargo de la oficina de Gestión Dominial del Municipio. Al igual que Elis, también es egresada de Lomas de Zamora.

Seguramente el resto de los implicados, o al menos algunos de ellos, deben ser también personas muy conocidas en una ciudad de pequeñas dimensiones, por lo que el escándalo será mayúsculo y se prolongará en el tiempo.

Las investigaciones se iniciaron el año pasado y la primera imputación contra el suspendido ayudante fiscal fue la de tenencia de arma de guerra, pero rápidamente se supo que eso era nada más que la punta del iceberg. El fiscal Javier Barda estuvo largas horas en La Madrid recopilando elementos para intentar reconstruir una compleja trama con múltiples derivaciones.

Fuentes judiciales confiaron en que a medida que se avanzaba en la investigación iban apareciendo cosas que causaban asombro, por lo que se daba por seguro que la carrera de Elis estaba concluida y que se le avecinaban acusaciones pesadas.

Pero pocos sospecharon que la causa iba a contener aspectos capaz de generar la tormenta política y social que sobrevuela por estas horas General La Madrid.