Claudia Rafael

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"La prohibición de fumigar a 100 metros de la planta urbana y de hacer aplicaciones aéreas a menos de 500 metros es algo así como ponerle una curita a una fractura expuesta". La frase no se escuchó en la voz de un inexperto. Pertenece al doctor en Antropología y magíster en Medio Ambiente, Marcelo Sarlingo. El tema de las fumigaciones con agroquímicos como método sistémico de combate a las malezas es medular en los debates ligados a la preservación del ambiente. A casi dos décadas de la irrupción de la soja transgénica en las vidas cotidianas, recién hace escaso tiempo se logró introducir un debate -combatido desde los sectores de fuerte interés financiero en la producción- que, sin embargo, permitió empezar a pensar en regulaciones.

"No se trata sólo de pensar en la distancia física para la fumigación con plaguicidas. Hay que ver cuáles son las condiciones ecológicas, el viento, las lluvias, las características del suelo, la relación con la urbanización, los lugares de mayor o menor circulación de gente. Y, además, establecer una distancia única es no resolver. Porque hay suelos diferentes, áreas destinadas a la ganadería, otras a la agricultura y usos variados de la tierra", planteó el especialista.

La Argentina -agregó- tuvo una época en que, directamente, fue de avanzada en la temática. "Cuando Perón volvió del exilio, creó la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que dependía del Ministerio de Economía. Desde ahí se empezó a tratar de regular los usos del suelo y Argentina tenía un lugar muy importante incluso a nivel latinoamericano, dentro de lo que era la Fundación Bariloche. Después, ya durante la dictadura, la Secretaría fue fragmentada, se persiguió a sus integrantes. Pero la Argentina tuvo su tradición en el análisis de la ecología. Ya después, en los 90 se introdujo el fenómeno de sojización, los transgénicos, la tendencia al monocultivo, la expansión de la frontera agrícola, los desmontes. Y lo que al principio, como fenómeno estuvo fundamentalmente planteado en la llanura pampeana, hoy abarca todo, inclusive, las zonas tropicales", analizó.

En función de ese contexto -que no sólo debe observarse desde las prácticas de fumigación- es que empezaron también los intentos de regulación que "responden al juego de intereses". Y en donde, con filosofías como las de las "buenas prácticas agrícolas" se apunta a la conciencia del productor. "Se deja que sean los mismos sectores productivos los que decidan. Entonces, dejar que los que utilizan agroquímicos sean los que se autorregulen a partir de las buenas prácticas, es una locura. Porque hay que tener en cuenta, inclusive, que mucho de esto está atado a la variable económica. A que los agroquímicos sean caros o baratos. En la Argentina, por ejemplo, el glifosato es barato. Entonces, para usar un dicho popular es como el zorro que cuida su propio gallinero".

Todo suele ser un juego de variables en donde, por lo general, la ambiental "siempre queda para adelante. Y las voces de los que padecen las consecuencias nunca son escuchadas en el debate. De hecho, la Argentina ha adoptado una modalidad de gestión de la producción agrícola que es casi totalmente de monocultivo. Y las consecuencias a mediano plazo son terribles y muy serias".

Para Marcelo Sarlingo, que ha sido una de las voces que sistemáticamente se han hecho oír en la ciudad en defensa del ambiente, "debería haber otro tipo de planificación de un cinturón que rodee a las zonas urbanas en donde se piense en producciones basadas en la biodiversidad, recuperando para eso otros cultivos tradicionales pero pensando todo desde otros esquemas. Pero eso no es simple. Porque el mismo Estado, que necesita imperiosamente otra visión, se financia con las retenciones. Entonces, cada vez que surge una regulación que parece más transparente, aparece una nueva oscuridad. Y en eso, si bien hay productores que intentan gestionar de manera diferente, hay que tener en claro que la voluntad individual no sirve de nada".

La nueva ordenanza municipal regula: 100 metros de distancia de la planta urbana para las fumigaciones terrestres y 500 metros para las aéreas; aplicaciones fuera del horario de clases, con la obligación de avisar a las escuelas día y hora de aplicación; y promover el uso racional y responsable de los agroquímicos.

Hay una vieja pulseada entre la economía de un país y la preservación de la vida y la salud de sus habitantes que nunca termina de ser saldada. Y la distancia de una cuadra desde el límite por el que transitará el aplicador terrestre del plaguicida y la zona urbana será fácilmente derribada en los días de viento o en aquellos en los que la lluvia vaya guiando, como un manso arroyito, los residuos tóxicos hacia las primeras casitas. Las ordenanzas suelen no tener fuerza para frenar al viento.