Daniel Puertas

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En el fallo condenatorio de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schilaci se pide investigar al poder político y a la cúpula anterior del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de pedir que se exima de responsabilidad a un guardiacárcel olavarriense y a los empleados del SPB que fueron sorprendidos por los criminales en la fuga de la cárcel de General Alvear.

El juez del TOC 1 de La Plata Juan José Ruiz sostuvo en la resolución que "la versión que dieran los imputados, pese a que, al común de la gente, le resulte fantástica y tenga ribetes cinematográficos, me resultaron creíbles casi en su totalidad, con algunas divergencias en cuanto a lo que hace a la justificación de sus conductas".

Agregó que "algo debe quedar bien en claro, la fuga jamás se hubiese producido, al menos de la forma en que se produjo, sin la colaboración de las más altas jerarquías del SPB y del poder político".

El SPB exoneró luego a varios funcionarios, pero para el magistrado los primeros que fueron reducidos no tienen responsabilidad, eran inexpertos y fueron colocados allí y sin apoyo precisamente para que los triples homicidas no tuvieran demasiados inconvenientes para someterlos y huir.

Al referirse a esos guardias a los que considera inocentes de complicad en la evasión, el juez Ruiz subrayó que "esta gente, a los que doy en llamar los ''sacrificables'' fueron colocados estratégicamente en esos lugares como peones en un tablero de ajedrez. Lo mismo debo decir de Beolchi, a quién rotaron de un día para el otro con Elicheribetti (quién no era prescindible), a un cargo para el cual, no estaba capacitado y sin orden escrita".

Por eso "debería en este punto el SPB revisar las exoneraciones de ellos, pues no fue por negligencia, sino por traición, de sus superiores, que fueron sometidos; fueron víctimas de la corrupción".

En sus testimonios, Luciano Labat, vecino de Olavarría, y otros guardias se quejaron de que ellos fueron cesanteados por el SPB mientras otros jefes evidentemente cómplices fueron premiados con jubilaciones que les permiten cobrar 60 mil pesos por mes, opinión compartida por el juez.

El magistrado sostuvo que "hubo otros que formaron una verdadera asociación ilícita, `la banda de los amigos del poder''. No los menciono, las pruebas son abrumadoras, y se solicitó que se investiguen".

Los imputados declararon que les habían prometido un helicóptero para la huida y eso para el juez "parece de películas de Hollywood, sin embargo, también es este punto, le creo a los imputados. En efecto, no fueron ellos los primeros en instalar esta versión en la causa, cabe recordar que fue Godoy, la que reducida escucha que uno de ellos dice que los esperaba un helicóptero".

Ruiz se preguntó "¿quién planea una fuga de la magnitud de la presente y no tiene un lugar para refugiarse, -lo que en la jerga se denomina "aguantadero"- ni dinero en efectivo para comprar los suministros necesarios para subsistir un tiempo, mientras permanecen ocultos?".

También rechazó el planteo defensista de que la fuga era imperativa para evitar ser asesinados en la cárcel, señalando que "los encausados afirmaron, en resumidas cuentas, que o se fugaban como querían sus custodios o morían en el penal. De sus dichos, y como he sostenido a lo largo de la fundamentación, no tengo el menor resquicio a la duda. Sin embargo, tampoco tengo dudas que, ese y sólo ese fuera el único camino posible, es decir, el único curso de acción que ellos tenían, pues existían otros".

Agregó que "con esa misma inteligencia podían haber buscado otras alternativas para poner a reguardo sus vidas, si ese era, claro está, el objetivo que perseguían. De ahí que, en la medida en que se haya tenido la posibilidad concreta de evitar el mal por otro medio lícito, se desdibuja la necesidad, y esto vale para quien esté en condiciones de solicitar ayuda a sus allegados, tanto como para aquel que pueda obtener respuesta de un organismo estatal o judicial".

Llamativamente, el magistrado indicó que "no escapa a mi visión que, en todo este entuerto, existió siempre un halo de esperanza, en palabras de Martín Lanatta ''yo sabía que mientras no me retractara seguía vivo'', ese era su as debajo de la manga. ¿Qué hubiese sucedido si el helicóptero hubiera llegado como era lo convenido? estarían en un país extranjero, con identidades nuevas y ''dos palitos verdes'' disfrutando de la buena vida".

Para el juez "son responsables por sus actos, y como único consuelo, debe quedarles el saberse condenados por algo que sí cometieron, y no purgar una condena por algo que, tal vez no hicieron, como ellos vienen pregonando, respecto de otra causa".

Por eso los condenó a siete años y medio de prisión, aunque ya están purgando una pena de prisión perpetua por el triple crimen y deben afrontar otros dos juicios por delitos cometidos durante la fuga.

Si la presunta intervención del poder político será investigada, el papel del SPB quedó en claro durante el juicio, ya que hubo evidente connivencia con los imputados hasta en hechos triviales como que jefes importantes compartieran mate, galletitas y salamín con ellos en sus celdas.

El juez señaló que "la confesión de los imputados que, a modo de colaboración, sirvió para esclarecer muchos puntos oscuros de cómo fueron los hechos y dejar al descubierto todo el entramado y connivencia de las autoridades del SPB y del poder político; dando una respuesta a la sociedad que reclamaba saber qué había sucedido".

Y pidió que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Claudio Leonildo Cardo, ex funcionario del SPB, Marcelo Martín Rotger, ex director de Seguridaddel SPB y Rodolfo Fabián Cardozo, otro empleado del SPB.

También debe ser investigado Mario Coriolano, ex defensor de Casación y Aníbal Aníbal (ex jefe de gabinete de la Nación), Andrés Meiszner, ex director del Renar, Antonio Solivaret, ex asesor de la Municipalidad de Quilmes, Mirta González, militante del FPV de Quilmes.

Según el juez las investigaciones deben alcanzar también a Daniel Scioli, Ricardo Casal, ex ministro de Justicia, Carlos Russo, ex director de Asistencia y Tratamiento del SPB, la ex jefa del SPB Florencia Piermarini, el ex secretario de Política Criminal César Albarracín.

Otros miembros del SPB a los que se debe investigar son Jorge Mario Bolo, ex jefe de zona del SPB de General Alvear; César Tolosa, Emanuel Vega, Manuel Guevara, ex jefe de esa cárcel y Jorge Elicheheribetti.