Daniel Puertas

dpuertas@elpopular.com.ar

Por eso uno de los interrogantes sobre esta cuestión pasa por la real conciencia de los legisladores sobre la trascendencia de lo que tienen entre manos o si las cotidianas luchas por espacios de poder les hacen perder de vista lo esencial. Si realmente el bajo nivel de la discusión, la trivialidad de los argumentos, obedece a una estrategia para llegar más directamente a la opinión pública o si, sencillamente, la cabeza no les da para más.

Al proyecto supuestamente consensuado por el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, con el Frente Renovador, en la Cámara de Diputados se le introdujeron cambios importantes, conceptualmente irreprochables pero que chocan frontalmente con el modelo de policía que vienen sufriendo los bonaerenses desde hace décadas y que se profundizaron durante la última dictadura militar bajo la jefatura del tristemente célebre general Ramón Camps.

En el texto original había ya muchos avances respecto de ese modelo de policía, pero tras el paso por la Cámara baja esos aspectos se profundizaron de manera sorprendente. Una de las novedades que introdujeron los diputados, muy probablemente impulsada por el sector femenino, es el capítulo referente a la "prevención y conjuración de violencia intrafamiliar", donde el artículo 16 obliga a la Policía Local a intervenir "en los casos y situaciones que se encuadren dentro de las previsiones de las leyes 12.569 de la Provincia de Buenos Aires y 26.485 de la Nación, y en los casos en que corresponda tomar medidas de prevención contra la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar" teniendo en cuenta los "los preceptos y disposiciones de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos específicos en la materia".

La prevención de esta clase de violencia, que recién se ha visibilizado en el mundo en los últimos años, pasa a ser uno de los "objetivos centrales" de la Policía Local, la que debe conformar unidades con el 10 por ciento de sus efectivos exclusivamente abocadas a esta tarea.

Las modificaciones se extendieron también a la instauración de un cupo femenino que no puede ser inferior al 50 por ciento. Las prohibiciones de incorporar personal que hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad se extendió también a las Fuerzas Armadas.

Según ese proyecto, se trataría de una fuerza de seguridad con una capacitación profesional de un mínimo de dos años en un instituto que no dependerá de la Bonaerense, compuesta al menos por partes iguales por mujeres y hombres sin experiencia anterior como policía, lo que al mismo tiempo implica que no tendrá los viejos vicios de la Bonaerense, cuya actuación debería ajustarse al respecto irrestricto de los derechos humanos y las libertades individuales. No es poca cosa, en verdad.

Y, previsiblemente, una policía de este tipo no tiene nada que ver con los grupos de matones decididos a reprimir con fervor a adolescentes y jóvenes pobres que postulan unos cuantos intendentes bonaerenses de manera más o menos elíptica.

Detenciones

Otro cambio que introdujeron los diputados es la delimitación de la competencia de la Policía local, que pasa a ser "la prestación del servicio de seguridad preventiva a nivel local", con lo que se buscó evitar la superposición de funciones con la Bonaerense.

Uno de los artículos más resistidos por el Frente Renovador es el que limita a la Policía Local la detención de personas por "averiguación de antecedentes", instrumento no sólo de cuestionada constitucionalidad, sino utilizado casi exclusivamente para alojar en una celda durante 24 horas a jóvenes por portación de cara o de ropa.

El año pasado, un juez rosarino dictó un fallo donde mantuvo la constitucionalidad de la "averiguación de antecedentes", pero la limitó exclusivamente a los casos previstos por la ley. Sería interesante que más de un senador le encargara a alguno de sus colaboradores que le consiga el falle y lo lea con atención.

No es el único caso donde esta herramienta utilizada habitualmente con fines sólo represivos ha sido cuestionada judicialmente.

De todos modos, la Policía Local tendría facultades de detención en el texto trabado en la Cámara de Senadores, pero debe informar de inmediato al fiscal de turno -condición no establecida en el proyecto original- y contar con un testigo del procedimiento. Nada ilógico, por cierto.

A la prohibición de realizar investigaciones criminal y de participar en operaciones especiales se le sumó la de intervenir en actos de "mantenimiento del orden público", lo que evita el peligro temido por algunos de que se conviertan en fuerzas de choque del intendente de turno.

Otro de los puntos rechazados por la oposición con argumentos ciertamente de menor peso de los que se le oponen es que cada policía municipal deje el arma reglamentaria en la dependencia al terminar su turno de servicio, obligación común a unas cuantas policías del mundo, y que no esté obligado a intervenir para evitar un delito cuando no esté trabajando.

Entre las razones por las cuales este artículo es atendible se cuentan los innumerables muertos por policías que usaron su arma reglamentaria para terminar con su mujer o el vecino con el que discutieron y los accidentes ocurridos en hogares de policías por disparos accidentales.

También cuentan los policías muertos por estar obligados a intervenir al presenciar un delito cuando estaban de franco y encontrarse en inferioridad de condiciones. El eliminar esa obligación de las policías provinciales o la Federal ha generado un debate que se inició unas cuantas décadas atrás.

Plantear que una policía que ajuste estrictamente sus acciones a las leyes vigentes, que tenga como objetivo principal la preservación de la vida -incluyendo la del propio efectivo- sería "una agencia de boy scouts" cuanto menos ofende la inteligencia.

Quienes esgrimieron este argumento harían bien en estudiar a fondo las experiencia de otros países, España o México, por ejemplo, aunque quizá encuentren más literatura en los cambios organizacionales en los Estados Unidos a partir del momento en que se comenzó a discutir el rol exacto de la policía tradicional, ahora modificado por la aparición de las policías de resolución de problemas, de proximidad y de "tolerancia cero".

Si las roscas o las internas no les dejan demasiado tiempo para leer, al menos podrían intentarlo para, por lo menos, ofrecer argumentos con apariencia de inteligentes.

Se puede dar un dato: en las evaluaciones sobre las policías de proximidad en distintas ciudades estadounidenses se detectó en algunos casos que no había descendido el número de delitos, pero sí la conformidad de la gente con el trabajo policial.

Y lo que sí había descendido notoriamente era la sensación de inseguridad, el miedo a ser víctimas de un delito.