Los extraños caminos de la Justicia
Daniel Puertas
Desde hace años era el Ministerio Público Fiscal el área en el que aparecían las cuestiones de mayor impacto mediático. Ahora se ve que los defensores tampoco viven en el mejor de los mundos posibles.
Martín Marcelli, acusado primero de facilitar a un imputado la posibilidad de mantenerse prófugo y luego de ejercicio ilegal de la profesión optó por el camino de la protesta callejera y decir cosas incómodas como forma de presionar a las autoridades.
Hasta ahora no hay señales públicas de que sus presiones hayan surtido efecto alguno, pero, en realidad, no podía ser de otra manera. En general, las personas que se mueven en el ámbito de la Justicia suelen ser proclives al silencio y la mesura.
Pero es probable que algunas pieles sensibles se estén enrojeciendo. En la movilización ante el Palacio San Martín del sábado pasado había un público integrado por muchas personas que parecían más acostumbradas a la furtividad que a la exposición pública.
Algunos se alejaban o se escondían entre otras personas cuando alguna cámara se acercaba. Aparecieron algunas risas y miradas cómplices cuando un periodista preguntó porque eludían las fotos.
A varios metros de distancia, algunos policías vigilaban de forma poco disimulada. Sin acercarse mucho, otra mujer policía filmaba o tomaba fotos con un celular desde otra posición. Un par de patrulleros se estacionaban a unos cien metros en distintos lugares, de vez en cuando pasaban otros uniformados en motocicletas.
En uniforme de abogado, traje oscuro, camisa blanca, corbata, Martín Marcelli hablaba a través de un micrófono de una presunta estafa de cuarenta millones de pesos de la que están imputados altos jefes policiales, algunos de los cuales, dijo, ya fueron convocados a prestar declaración.
Señalando hacia la sede del gobierno municipal acusaba al poder político de tener algo que ver para que ese caso no tuviera la repercusión mediática que sí tenía el suyo. En verdad, si esa investigación está en marcha sería lógico que se hubiera informado más exhaustivamente sobre el asunto.
Nombrándolo sólo por el cargo, arremetió contra el fiscal general, Marcelo Sobrino, que parece ser uno de sus blancos. Después contaría ante un par de periodistas que ha denunciado a la fiscal María Paula Serrano, que es quien lo investiga.
Las palabras de Marcelli evidentemente tenían otros destinatarios que no era la mayoría del público que se había congregado para aplaudirlo pero al que seguramente le importan poco los avatares de las personas responsables de la administración de justicia.
Además de los crónicos problemas presupuestarios y de personal, el Poder Judicial y el Ministerio Público sufren problemas graves desde hace mucho tiempo. Hubo fiscales que renunciaron agobiados por dificultades insolubles y un desgaste mayúsculo, otro debió ejar su cargo envuelto en una acusación por presunto abuso.
Los que quedaron debieron trabajar sepultados por expedientes muchos de los cuales eran imposibles de resolver por el simple hecho de que carecían del tiempo para hacerlo. Hubo modificaciones y contra modificaciones, pero las cuestiones de base continuaron sin solución.
La investigación por el asesinato del penalista Marcos Alonso puso a varios, justamente o no, en la picota, Un juez, Antonio Saladino fue eyectado por un jury a partir de una acusación imposible de probar y luego, como era inevitable, fue absuelto por la Justicia penal.
En el juicio en el que fueron condenados dos hombres como partícipes del crimen se habló de connivencia entre gente de la Justicia con delincuentes. Pero eran sólo palabras, acusaciones improbables. Sin embargo, la desconfianza y las dudas se hicieron carne en muchos de quienes transitan habitualmente los pasillos judiciales.
Las investigaciones que decidió el tribunal oral en el juicio por el caso Alonso nunca avanzaron. Pero el clima denso por las sospechas nunca si diluyó del todo.
Después vino el enfrentamiento del fiscal Martín Pizzolo con empleados y sus mismos pares, precisamente cuando había conseguido su nombramiento de juez. Un jury lo absolvió, pero al poco tiempo, ya evidentemente sin chances de juzgado, decidió retirarse de la función pública y dedicarse a la actividad privada.
Ahora estalla el caso Marcelli, a quien, por razones desconocidas, no le otorgan el beneficio de la renuncia y lo quieren hacer pasar por el jury.
Marcelli e quejó ante los periodistas que hasta al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, le dieron la posibilidad de renunciar. Y las acusaciones contra Novo eran infinitamente más graves que las que tiene Marcelli.
Lo concreto es que el defensor oficial en conflicto promete más manifestaciones callejeras. Y aunque no lo dijo explícitamente es muy posible que también más revelaciones molestas.