Daniel Puertas

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En declaraciones periodísticas, el hombre fuerte de José C. Paz admitió que cuenta con 6.500 "asesores distritales", cuya función es mantenerlo informado sobre las necesidades de la gente y hechos de interés, y agregó que algunas de esas informaciones se las suministra luego al Ejecutivo provincial, para que tome cartas en el asunto, se supone.

El uruguayo Gustavo Collado Correa, al que se definió, quizá exagerando, como el narco más buscado del país exhibió una credencial que lo identificaba como asesor de Ishii cuando fue detenido en Rosario porque viajaba en una 4 x 4 robada poco antes y que aparentemente le habían encomendado vender.

Al mostrar ese documento firmado por el legislador bonaerense estaba utilizando el viejo truco del "influyente", tantas veces puesto en práctica que debiera haberse gastado hace mucho tiempo, pero que mantiene una singular efectividad.

Cualquier funcionario público, los policías entre ellos, es especialmente sensible a la cercanía que pueda tener con el poder político cualquier potencial sospechoso y generalmente no toman decisión alguna sin consultar antes con sus jefes.

Así, en los casos más triviales, se pueden eludir multas de tránsito o acceder a sitios vedados para el común de los mortales. Esto implica que por un solo senador bonaerense hay 6.500 personas dando vueltas con un documento que los acredita como personas con las cuales no le conviene meterse a un simple agente de policía, por ejemplo.

Cualquier credencial puede convertirse en un pase libre y un facilitador de impunidades. También en un argumento convincente para estafadores varios y, en el menos peligroso de los casos, en un sello de distinción para aquellos que se desviven por alardear.

Bien lo saben vividores de toda laya -incluyendo algunos que han merodeado las fronteras del periodismo- que no han trepidado en fabricarse una credencial propia escribiendo datos en un cartón al que se le pega una foto y luego se plastifica.

He conocido gente que en tiempos menos rigurosos entraban gratis a cualquier espectáculo mostrando una credencial trucha que los acreditaba como periodistas de, por caso, "El Espectador de Cúcuta, Colombia", periódico tal vez inexistente.

En cuanto al peso que suelen tener las credenciales que vinculan al portador con el poder político, me he topado a veces con algunos cuyos nombres figuran en más de un expediente judicial señalados como "el imputado" cerca de poderosos y con caras de influyente.

La respuesta de rigor a la pregunta simple "¿qué hacés acá?" casi siempre ha sido la misma: "soy asesor de...", dejando al cronista sumido en reflexiones y sospechas descorazonadoras.

Como cualquier argentino medio, alguna vez he usado, bien que puedo alegar a modo de excusación que obligado por las circunstancias, esa condición de presunto "amigo del poder".

Años atrás, cuando la última dictadura militar se había derrumbado poco antes, la democracia daba sus primeros pasos y el respeto a los derechos individuales era una extraña quimera en ciertas dependencias, quería entrevistar a uno de los presos más famosos del país.

El director de la cárcel me negaba la entrada, a pesar de que el interno estaba dispuesto a conceder la entrevista. Por consejo de un amigo, hablé con otro que a la sazón oficiaba de legislador. A su vez este me consiguió una audiencia con el funcionario en cuya órbita estaba el Servicio Penitenciario.

Hice la antesala obligada, vi desfilar a unas cuantas personas con todos los aires de estar, igual que yo, buscando un favor, seguramente todos más importantes que el mío. En cinco o diez minutos se resolvió todo. El funcionario escribió en una de sus tarjetas un breve mensaje al director de la cárcel en el que, más allá de las frases protocolares, decía "le presento al señor...". Nada más.

Una simple presentación en la que no se pedía nada ni se aclaraba a santo de qué se estaba presentando al periodista.

Previsiblemente, las puertas de la cárcel se abrieron mágicamente y se me ofreció todo lo que fuera necesario para realizar una entrevista sin límite de tiempo y que se extendió por semanas. Salvo en alguna foto, nunca volvía a ver a ese funcionario que tan gentilmente me solucionó el problema y que seguramente se olvidó de mí apenas salí del despacho.

Aunque pasaron varios años, los suficientes como para que todos hayan aprendido algunas cosas, todavía hay quienes creen que una credencial política de "asesor" es un certificado de influyente y tal vez una garantía de impunidad.

Mario Ishii dijo que antes de concederla se piden antecedentes penales y el candidato a la asesoría debe firmar una declaración jurada. El presunto narco había cumplido con todos esos trámites, con el pequeño detalle del nombre falso.

Una de dos, o sus colaboradores directos carecen de la idoneidad profesional para detectar documentos truchos o los filtros no son tan rigurosos. Y son 6.500 asesores.

Mario Ishii fue intendente de un distrito del Conurbano desde 1999 y hasta el año pasado. Se supone que conoce perfectamente el juego de las influencias y, por ende, se desprende que debe saber que lo que está haciendo es, simplemente, pagando punteros políticos con certificados de influencia que pueden usarse para muchas cosas, algunas probablemente ilegales.

Para tripular un simple ciclomotor hay que usar un chaleco reflectante con el número de la patente en letras gigantes, según una ley aprobada por legisladores.

Esos mismos legisladores, o, al menos, unos cuantos de ellos, regalan credenciales sin que sus portadores tengan ninguna obligación de sobreidentificarse, a pesar de que pueden cometer delitos mucho más graves que el arrebato de una cartera.