Claudia Rafael

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Sería algo así como un simple detalle técnico: "Severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme" del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) con el anterior. Apenas esa nimiedad es la que -según las palabras de Jorge Capitanich- impidió decir cuántos pobres hay en la Argentina. Y el gran salto que se dio al admitir el impacto real de la inflación en la vida cotidiana de los argentinos parece no ser trasladable al número de pobres e indigentes. Si bien este miércoles era el gran día en el que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) iba a anunciar las cifras, todo fue una escandalosa marcha atrás.

La ecuación es bastante simple. Durante siete años el Indec ofreció una radiografía ficcional de la realidad social argentina al informar mensualmente que aquello que el vecino común y corriente padecía en el almacén, en el supermercado, en la panadería, en los servicios no era más que un espejismo. El gran problema es que el 3,7 por ciento que reconoció el ministerio de Economía en enero, el 3,4 por ciento de febrero y una suerte de mediano reacomodamiento inflacionario en marzo necesariamente repercuten en las estadísticas de pobreza que, sin embargo, se evitaron dar a conocer.

Si con una inflación casi inexistente, la pobreza medida por el Indec no llegaba a los dos dígitos ¿cómo se calcula con algo más del 40 por ciento anual? Para el segundo semestre 2013, el economista y legislador Claudio Lozano la ubicaba en el 36,5 por ciento (15.400.000 personas) con una indigencia del 12 por ciento (5 millones). Y la Universidad Católica Argentina (UCA) la cifró en el 24,5 por ciento, con una indigencia del 4,9.

Con un detalle para nada menor en la misma historia de cualquier país cuyos destinos están indefectiblemente atados al lugar que se le otorgue a la infancia: la mitad de la población pobre está compuesta por niños y adolescentes. Y, de la misma manera, la mitad de los niños y adolescentes son pobres.

Ha sido un gravísimo error que el gobierno nacional fuera reticente a plantear con absoluta veracidad que los precios aumentaban pero el hecho de reconocer con demasiada demora aquello que era una certeza a diario, lo terminó entrampando en un lugar complejo y de difícil salida.

La manera de cuantificar la realidad, sea cual sea esa realidad, será un elemento clave para la elaboración de políticas destinadas a modificarla.

Si se falsean los datos sobre deserción escolar, desgranamiento escolar o, incluso, sobre las tasas de analfabetismo en un país, será decididamente imposible revertir aquello que haya que revertir.

Si se maquillan los datos sobre prácticas delictivas, no hay modo de generar -siempre que se desee, claro- una política criminal que permita prevenir y transformar.

Si se equivocan o se ocultan (por "severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme" o, directamente, por determinación) las cifras sobre pobreza e indigencia, será decididamente imposible cambiar la realidad de millones de personas que padecen a diario los embates de la exclusión y el maltrato desde los más diversos entramados del Estado.