Daniel Puertas

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Si el impuesto a los combustibles que cobra la provincia de Córdoba y los municipios bonaerenses dominados por el massismo están fuertemente cuestionados e incluso judicializados en Olavarría se suma otro elemento controvertido: la percepción de ese tributo en la boleta de la Tasa de Servicios Urbanos parece haberse quedado sin sustento legal.

En ese punto coinciden tanto los concejales kirchneristas como los de la alianza de radicales y socialistas que presentarán sendos proyectos sobre el tema en el HCD y seguramente pedirán un rápido tratamiento y debate.

En su iniciativa, Saúl Bajamón y Federico Aguilera calificaron de "extrema ilegalidad" el cobro a los contribuyentes de Servicios Urbanos cuando ya pagaban las estaciones de servicio de YPF.

Desde el Frente Amplio Unen sostuvieron que a partir del día que se recibió el primer pago de una estación de servicio la cláusula transitoria que autorizaba cobrar el impuesto dejó de regir y por lo tanto el Municipio tiene que devolver a los contribuyentes el dinero pagado desde esa misma fecha.

Por prudencia, porque el fin de semana es para descansar y no para hacerse mala sangre o, simplemente, porque hay poco que decir, desde el sábado, día en que el tema se expuso a través de este diario, no hubo ninguna voz oficial intentando aclarar la cuestión.

No se trata de un tema menor ni trivial. Los vecinos de Olavarría vienen pagando entre diez y veinte pesos por mes, al menos los que cumplen con sus obligaciones tributarias, en concepto de la Tasa de Seguridad Vial. Suponiendo que sean veinte mil los contribuyentes que paguen esos veinte pesos, estamos hablando de una recaudación del orden de los 400 mil pesos mensuales.

Y, al menos en teoría, la Municipalidad debería devolver esa suma por cada mes que facturó de forma irregular.

Además de estas cosas que son exclusivas de Olavarría está el marco provincial, con estacioneros dispuestos a iniciar medidas de fuerza en protesta por un impuesto que consideran institucional.

El año pasado el juez en lo Contencioso Administrativo de Junín Juan Bazzani falló en contra del impuesto a los combustibles que aplica el intendente Mario Meoni en dos oportunidades. Una en una presentación de cinco concejales del Frente para la Victoria, a los que eximió de ese tributo, y la otra a favor de algunas estaciones de servicio.

La Municipalidad de Junín recurrió a la Corte, la que todavía no se pronunció, quizá a la espera de lo que decida el máximo tribunal de la Nación respecto del recurso presentado por la Nación contra la provincia de Córdoba que también cobra ese impuesto, el que este año dejaría en sus arcas unos 750 millones de pesos.

Desde hace semanas que se viene diciendo que es inminente la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero hasta ahora se ha venido postergando.

Los mismos trascendidos sostienen que la Corte se pronunciará por la inconstitucionalidad del impuesto a los combustibles.

En Córdoba, al tratarse de una provincia, se da una circunstancia distinta a la de los municipios bonaerenses. El gobernador José Manuel De la Sota también justifica el impuesto con la necesidad de realizar obras en las rutas. Pero además los automovilistas pagan peaje, con lo cual habría dos tributos con el mismo destino y eso también es atacado desde el flanco constitucional.

En la provincia de Buenos Aires los expendedores de combustibles le pasan la factura directamente al diputado Sergio Massa, promotor del tributo, y lo critican más aún porque antes de las elecciones de octubre les habría prometido que pasada esa instancia hablaría con los intendentes que le responden para que eliminaran esa imposición.

Rosario Sica, titular de la cámara que agrupa a los expendedores, admitió la existencia de esa reunión y de la promesa, como así también que después de los comicios el diputado electo dejó de atenderle el teléfono y los intendentes massistas continuaron adelante con sus acciones recaudadoras.

También en estos días la Suprema Corte de Justicia bonaerense debería resolver sobre los planteos de inconstitucionalidad presentado por concejales de distintos municipios donde se percibe el impuesto, entre ellos ediles de Olavarría.

Habrá que ver si la Corte considera que el caso requiere de su intervención o si pateará la pelota para abajo, es decir, si decidirá que los planteos deben presentarse ante tribunales inferiores.

En general, la Justicia prefiere no meterse en cuestiones políticas. Incluso dentro del Poder Judicial hay dos posturas bien diferenciadas: los que creen que deben actuar como contralor y los que sostienen que siempre hay que dejar que los políticos arreglen sus cuestiones entre ellos.

Hay un antecedente muy cercano: la Corte rechazó el planteo de los concejales radicales y socialistas en contra del aumento del boleto del transporte público de pasajeros en Bahía Blanca por entender que la presentación no era del Concejo Deliberante bahiense sino sólo de un grupo de concejales y no se pronunció sobre la cuestión de fondo.

Simplemente, dijo que no le correspondía actuar.