Agencia DIB

Walter Miralles, el padre de Santiago, denunció la desaparición de su hijo porque habían pasado un par de horas desde la última vez que lo había visto. En ese momento estaba jugando con el mejor amigo e hijo de los caseros que cuidaban la quinta situada al lado de su casa. Ese 13 de julio de 2005, la localidad de Canning, en el conurbano bonaerense, tomó la noticia como algo personal y muchos vecinos se movilizaron en búsqueda del pequeño. Con el correr de las horas, una llamada extorsiva y más de cien policías rastrillando la zona hicieron que el paisaje tranquilo cambie por completo. Tres días después llegó la peor noticia: el cuerpo del niño apareció dentro de un pozo ciego. ¿Dónde? En la casa de al lado.

Aquella jornada de invierno, Miralles se despidió con un beso de su hijo de 6 años y salió rumbo a un taller mecánico para arreglar el auto a pocas cuadras de su casa. Santiago se quedó jugando con uno de los hijos de su vecino. Cuando el papá regreso, el pequeño ya no estaba y allí empezó la odisea.

Primero lo buscó él, después ayudaron algunos vecinos. Inclusive participaron integrantes de la familia que luego fue acusada. Como no había novedades fue a la comisaría e hizo la denuncia. La desaparición provocó tal conmoción que decenas de efectivos rastrearon casa por casa con la foto del niño en sus manos. Pero nada en esas primeras horas.

"No quiero policías ni prensa, prepará 20 lucas para mañana si querés volver a ver al nene", escuchó al otro día la familia en el teléfono. Era la primera pista concreta. El camino del secuestro extorsivo abría una posibilidad para dar con el paradero de Santiago. Ya el viernes, 48 horas después de su desaparición, la familia había logrado juntar $5.000, pero el teléfono nunca volvió a sonar. Y el paso de las horas hacía pensar lo peor.

Fue el sábado cuando la Policía encontró el cuerpo del niño en la cámara séptica de una casaquinta lindera a la vivienda de los Miralles, donde un matrimonio trabajaba como casero. Ese lugar, había sido registrado el mismo miércoles, pero esta vez un perro rastreador marcó la vivienda. La autopsia reveló que fue asesinado de dos golpes de maza en la cabeza, y su cuerpo fue sumergido inconsciente, pero aún vivo, en el pozo ciego. Además, le habían atado una caja con cerámicos al cuerpo para que se hunda.

Hipótesis y el juicio

La familia vecina estaba conformada por la pareja de Enrique Coito y Ana Isabel Machado, su hijo Henry Alexander, y su padrino Abel Domínguez Farías, un casero de una quinta lindera a la que cuidaba el matrimonio y vecino de los padres de Santiago. Justamente el hermano menor de Henry era quien jugaba siempre con Santiago.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscal Karina López, el niño habría estado cautivo en la casa que cuidaba Domínguez Farías y ante la imposibilidad de sacarlo de esa quinta debido al fuerte operativo policial, los acusados lo llevaron a la vivienda en la que Coito y Machado trabajaban como caseros. En ese lugar, como el plan del rescate se complicó, golpearon a Santiago en un baño situado a cinco metros de la cámara séptica, donde finalmente apareció.

Ya en 2008, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado entre otros por Carlos Rozanski, quien encabezó varios procesos de lesa humanidad, condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados, quienes en todo momento adujeron que el cuerpo del menor fue plantado en el lugar. Pese a que el abogado defensor dijo que sobre ellos caía esa pena porque eran extranjeros y pobres, para los jueces los cuatro fueron "coautores penalmente responsables de secuestro extorsivo triplemente agravado por tratarse la víctima de un menor de 18 años, haber participado del hecho tres o más personas y haberse ocasionado intencionalmente la muerte de la persona ofendida".

Durante la investigación realizada por los detectives de la Policía bonaerense no se pudo determinar cuál de los cuatro condenados fue el autor del homicidio ni tampoco por qué decidieron asesinarlo. Aunque sí se conoció que Henry Coito y Domínguez Farías habían solicitado $20.000 como préstamo en diversas entidades financieras para poder comprar un automóvil y habilitarlo como remis. Esos $20.000 coincidían con los del pedido telefónico.

En 2012, en tanto, la Cámara de Casación Penal revisó la sentencia y le dio un cachetazo a la familia de Santiago. La sala I ordenó absolver a Enrique Coito y cambió la pena de Machado, quien en mayo de 2013 fue liberada por ser madre de dos menores y su condición de "partícipe" y no de "coautora". En tanto, ratificó las condenas a prisión perpetua para Henry Alexander y Domínguez Farías. Algo que para la familia nunca fue suficiente. DIB