El incremento sostenido en los costos mayoristas de la energía ha generado una situación de alta presión financiera para las distribuidoras y cooperativas eléctricas. Según el Ministerio de Energía, estas entidades se han visto afectadas por un incremento del 180% en promedio en la tarifa, como resultado de la necesidad de sanear la deuda con Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

El gobierno, a través de subsidios y facilidades de pago, había mitigado parcialmente la situación en el pasado, pero el escenario actual presenta desafíos aún mayores. El aumento de costos, combinado con el endeudamiento crítico de algunas distribuidoras, ha llevado al gobierno nacional a exigir el pago de la deuda pendiente, lo que podría resultar en un aumento adicional en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

En este contexto, el objetivo principal es recomponer los ingresos operativos de las distribuidoras para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Sin embargo, esta medida plantea preocupaciones sobre la capacidad de pago de muchas empresas, especialmente en el sector cooperativo, donde algunos no podrían cubrir los costos totales incluso si pagaran el 100% de la energía que compran.

La necesidad de equilibrar la situación financiera sin comprometer la calidad del servicio eléctrico plantea un desafío considerable para todas las partes involucradas. La resolución de esta crisis requerirá medidas cuidadosamente diseñadas que aborden tanto la deuda acumulada como los crecientes costos operativos, con el objetivo final de garantizar la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico en todo el país.