Este lunes, el Gobierno nacional oficializó la declaración del transporte aéreo como "servicio esencial" a través de la publicación de los decretos 825 y 831 en el Boletín Oficial. La medida había sido anticipada el viernes pasado, coincidiendo con un paro de 24 horas realizado por los gremios del sector aeronáutico, y busca garantizar un mínimo de operaciones durante cualquier conflicto laboral en el sector.

Según el texto oficial, la decisión se justifica en la necesidad de evitar que la interrupción de los vuelos afecte de manera grave la seguridad y la economía del país. Los considerandos señalan que la suspensión del servicio podría amenazar la salud pública, el comercio internacional y la conectividad regional, además de perjudicar a usuarios y sectores productivos que dependen del transporte aéreo.

La normativa establece que, en caso de conflicto, las partes deberán acordar en un plazo de 24 horas los servicios mínimos que se mantendrán activos. De no lograrse un consenso, la Autoridad de Aplicación será la encargada de definir el porcentaje de operaciones que deberán mantenerse, que no podrá ser inferior al 50% de la actividad normal.

La declaración ha sido rechazada por los gremios aeronáuticos, en particular por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuyo líder, Pablo Biró, calificó la medida de "ilegal" e "ilegítima". Biró adelantó que recurrirán a la Justicia local y a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la disposición.

"El derecho de huelga es fundamental y no puede ser limitado a menos que esté en peligro la vida o la salud de las personas", sostuvo el dirigente en declaraciones radiales, y advirtió que el conflicto con el Gobierno y Aerolíneas Argentinas "se va a agravar" como consecuencia de la medida.

La publicación de estos decretos refleja la voluntad del Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, de poner límites a los paros en sectores estratégicos para el país. Los ministros Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Luis Caputo (Economía) también firmaron la normativa, que ya está en vigor. Mientras tanto, los gremios se preparan para intensificar su resistencia judicial y política ante la nueva regulación.