La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el tratamiento de la apelación presentada por Argentina habilita al juez de primera instancia Thomas Griesa a continuar con la aplicación del fallo dispuesto en febrero de 2012.

Si bien a la Argentina le queda la posibilidad de pedir a la Corte la posibilidad de que revea esta decisión, medida judicial que se podría concretar en un plazo de días, lo habitual es que el máximo tribunal suele responder negativamente a este tipo de peticiones.

De esta forma, al habilitar el fallo de la Corte el pronunciamiento de Griesa, las partes deberán comparecer nuevamente ante dicho magistrado, y en ese marco se evaluará la posibilidad de algún tipo de acuerdo antes de que se efectivice la decisión de abonar a los fondos buitre el 100% de su reclamo a través del mecanismo de pago previsto por el juez.

El fallo de Griesa dictaminó que hay que pagarle el 100% a los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros inversores, la suma de 1.330 millones de dólares actualizables.

En noviembre de 2012 se complementó el fallo, y se dictaminó que el pago debía ser de una única vez, o a través de los fondos depositados por Argentina para abonar a los bonistas del canje, que se efectúan vía el Bank of New York, hasta completar la suma total prevista.

La aplicación había sido congelada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, hasta la definición en la Corte Suprema.

Hasta hoy, Argentina se mantuvo en su posición de que no pagaría más a los fondos buitre que al resto de los bonistas que ingresaron al canje, y acudió a todas las instancias que pudo para defender su postura (el primer fallo en contra del default fue en el 2003), siendo la última la del Máximo Tribunal de EEUU, debido a que la deuda en default fue emitida en Nueva York.

Por su parte, los fondos buitre rechazaron en todas las instancias cobrar lo mismo que los inversores del canje, y buscaron la vía del litigio para obtener el 100% del valor nominal de sus títulos, pese a que integran la minoría del 7% que no ingresó a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Ahora, los tiempos judiciales volvieron al juez Thomas Griesa, quien en una audiencia brindada recientemente, dijo que las partes tendrían posibilidad de negociar un arreglo ante de continuar con la aplicación de la sentencia.

Según el blog de la Corte Suprema de EEUU, elaborado en base a notas periodísticas, "Argentina tiene la opción de solicitar a esa Corte que reconsiderara su decisión, pero tales súplicas casi nunca lo consiguen".

A partir de la decisión de la Corte de rechazar la apelación, a la  Argentina le quedan determinadas opciones.

Una de ellas es que Argentina acepte negociar con los fondos buitre el pago de 1.330 millones de dólares. En este marco, la discusión vuelve a ser de corte legal debido a que -según determinados especialistas- si la oferta acordada resulta más favorable que la de los bonistas del canje, no se activaría la cláusula RUFO, aquella que pone en igualdad de condiciones a los bonistas del canje (vence en diciembre de 2014), ya que la operación no es voluntaria porque se trata de una solución forzada por la Corte.

Otra opción es que la Argentina se plante en su decisión de no pagarle a los fondos buitre más que el resto. Aquí se abren dos posibilidades. Una de ellas es que sean los bonistas del canje privados, como el Exchange Boldholders Group (EBG), quienes intenten negociar con Paul Singer, dueño del fondo NML, la compra de deuda a un precio mayor que el ofrecido por el país.

Esta opción es compleja, requiere juntar a todo el universo de 7% de holdouts, y habría que realizarla antes de que se complete el próximo pago a los bonistas del canje, que es el próximo 30 de junio, por 907 millones de dólares.

La segunda posibilidad en este escenario es que tampoco haya acuerdo privado. Allí, la Argentina tendrá que decidir si cambia el domicilio de pago debido a que todo monto que ingrese el Bank of New York para el pago a bonistas con títulos reestructurados serán tomados para el cumplimiento de la decisión de Griesa.

Los especialistas coinciden en que si la decisión pasa por volver a realizar un llamado a todos los tenedores de deuda argentina que canjearon y barajar de nuevo las condiciones de pago, se activarán las cláusulas de acción colectiva de los bonos del canje, y el Gobierno deberá reunir mayorías, en favor de esa decisión.

El riesgo de una decisión de este último tipo es que la nueva operación puede ser interpretada por la Corte de Estados Unidos como "desacato" a la orden de hoy, por lo que habrá que ver las nuevas medidas que se puedan disponer frente a esta situación.