En un golpe devastador a la integridad y transparencia del sistema público argentino, una investigación federal ha revelado un escándalo de corrupción que involucra a más de 9,000 empleados públicos en el cobro irregular del plan social Potenciar Trabajo. Esta revelación, realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, ha sacudido los cimientos del gobierno de Alberto Fernández y ha desatado un clamor por respuestas y acciones urgentes.

El fraude, que ha sido calificado como un acto flagrante de corrupción, ha dejado al descubierto una red de malversación de fondos que ha afectado gravemente las arcas del Estado. Según los datos preliminares, el gobierno destinó más de $7,000 millones de pesos cada mes a este esquema fraudulento, lo que suma un impacto anual de aproximadamente $84,000 millones de pesos, sin contar bonos extras y aguinaldos ilegalmente obtenidos.

La Provincia de Buenos Aires encabeza la lista de entidades más afectadas, con 2,243 empleados públicos implicados en el fraude, seguida de Tucumán con 1,145 y La Rioja con 1,060. Este abuso descarado de recursos públicos ha generado indignación en la sociedad, especialmente al descubrirse que algunos beneficiarios del programa disfrutaban de lujos como yates y aviones privados financiados con dinero del contribuyente.

El impacto económico y social de este fraude es devastador, ya que los recursos desviados podrían haber sido destinados a programas de infraestructura, educación, salud y otros servicios esenciales para la población argentina. La situación ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas, incluida la disolución del programa Potenciar Trabajo y su reemplazo por iniciativas más transparentes y eficientes.

Además de revelar la gravedad del fraude, este escándalo ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema de asistencia social de Argentina. La baja tasa de empleo entre los inscritos en el programa Potenciar Trabajo, que apenas alcanza el 1.3%, es un claro indicador de su fracaso.

Finalmente, este escándalo también plantea interrogantes sobre la supervisión y control de los programas sociales por parte de las autoridades pertinentes. La complicidad y negligencia que permitieron que este fraude masivo pasara desapercibido durante tanto tiempo exigen una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas de aquellos responsables ante la justicia.