El Gobierno comunico este jueves por la noche que el presidente  Javier Milei aplicara un veto total a la ley sancionada por el Senado que establece un aumento de las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada «tiene como único objetivo destruir el programa económico».

en un comunicado difundido por las redes sociales ,desde el oficialismo sostuvieron que «El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará»

Para el gobierno «El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años».

Puntos de la reforma aprobada por el Senado

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

Además, incorpora una compensación extra del 8,1 por ciento, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.

Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09 por ciento.

Si bien la recomposición extra del 8,1% es aceptada por el gobierno, presentan resistencia los artículos 2, 4 y 10 de la ley, artículos  que habían sido rechazados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano De los Heros, durante el plenario de comisiones.

La nueva norma establece que, en marzo de cada año, se aplicará a las jubilaciones un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

En el artículo 4, en tanto, fija que quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión) «tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%».

El artículo 10 establece que la ANSES «tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales» y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios de ese organismo.

Para la Oficina de Presupuesto del Congreso la aprobación de esta reforma significa un gasto del 0,43%.

Milei había asegurado que utilizaría la facultad del veto, luego de que los diputados aprobaran en junio último el proyecto en la Cámara baja.

«Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romperlo, les voy a vetar todo», argumentó en aquel entonces.

«Me importa tres carajos», expresó el mandatario en junio último el marco del Latam Economic Forum.

La Oficina del Presidente remarcó que «esta ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres».