El presidente Javier Milei enfrenta uno de sus mayores desafíos políticos tras vetar, en su totalidad, la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba un aumento del 8,1% a los haberes jubilatorios. El veto, que fue visto como una medida para frenar el aumento del gasto público, ha desatado una ola de reacciones tanto en el Congreso como entre los gobernadores provinciales.

Para que su veto se mantenga, Milei necesita asegurar al menos 86 votos en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría bloquear cualquier intento de la oposición de insistir en la ley original, que fue aprobada por una amplia mayoría en el Senado. Sin embargo, los números no están garantizados. Con el apoyo de Mauricio Macri y su bloque, el oficialismo cuenta con 74 votos. A esto se le suman otros seis votos de bloques pequeños que suelen alinearse con el gobierno, pero aún no alcanzan el número necesario.

Aquí es donde los gobernadores juegan un papel crucial. El gobierno espera que con llamados a mandatarios afines, como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, puedan conseguir los votos adicionales para alcanzar el objetivo. Además, los gobernadores de Mendoza y Corrientes, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, respectivamente, también podrían ser clave en esta ecuación.

No obstante, las negociaciones no serán fáciles. Trece provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, acumulan déficits millonarios debido a la falta de transferencias de fondos nacionales para cubrir las cajas previsionales no transferidas. La ley vetada por Milei incluía un artículo que instruía a la ANSeS a cancelar esas deudas, lo que significa que muchos gobernadores tienen un fuerte interés en insistir en la ley.

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X de Vanesa Siley

Desde la oposición, liderada por Carlos Gutiérrez, diputado cercano al gobernador cordobés Martín Llaryora, ya han adelantado que insistirán en la ley. Además, la oposición tiene varios caminos para presionar al gobierno, como el rechazo del decreto 272/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, o presentar un nuevo proyecto de ley que reconozca la recomposición de los haberes.

La tensión no termina ahí. La ofensiva opositora también podría tomar forma con la sanción de otras leyes de alto impacto social, como el financiamiento de las universidades, un proyecto que ya cuenta con un amplio apoyo y que podría poner al gobierno en una posición difícil.

Lejos de ser un cierre, el veto presidencial ha abierto un nuevo frente de conflicto, poniendo a prueba la gobernabilidad y las alianzas que Milei ha construido hasta el momento. La próxima batalla se librará en el Congreso, y el desenlace es incierto.