Las acusaciones incluyen la utilización de fondos de la Cooperativa para difundir la candidatura de la lista Amarilla; la negativa expresa a brindar copias del padrón habilitado a participar en la compulsa; la difusión de este mismo padrón en un comercio de Sierra Chica, cuyo propietario es candidato "amarillo"; la imposibilidad de participar del Consejo de Administración de tres asociaciones civiles como candidatos de la lista Amarilla; y la actitud "injuriante" con que se refirió a este sector el presidente de la entidad, Carlos Díaz, a quien solamente nombraron por su cargo.

En principio, fue Sandra Aguayo quien adelantó la postura de hablar desde el lugar de "usuarios" para expresar su "preocupación" al haberse encontrado "con una serie de irregularidades", cuya suma provoca que "los procedimientos no sean lo suficientemente transparentes". De esa forma, se pretende "garantizar un escrutinio que ya está complicado por los malos procedimientos y las reglas de juego desparejas", en virtud de no haber "tenido acceso al mismo nivel de infraestructura y organización para las elecciones".

Luego de establecer que a partir de ese criterio "las dos listas no están en igualdad de condiciones y por lo tanto los usuarios están en medio de esta situación que no es transparente, que no entendemos por qué no es transparente, que es profundamente antidemocrática". Razones por las cuales "queremos que la gente tome conocimiento de esto y que las reglas de juego se revisen y sentar un precedente para que las próximas elecciones no se vuelvan a repetir estos procedimientos antiéticos, deshonestos, poco transparentes y poco democráticos".

Dichas situaciones fueron el disparador de la pregunta de qué es lo que se esconde detrás de ese "nivel de encubrimiento de situaciones", debido a que "la Cooperativa es de todos, no es de un grupo de personas, entonces queremos que los vecinos tomen conocimiento de la situación y que tomen participación activa".

Acto seguido, la abogada Mercedes Landívar, quien intervino "desde el punto de vista jurídico", señaló cuáles han sido los pasos, las intervenciones y las irregularidades puntuales. "La primera irregularidad con que nos encontramos, una vez que presentamos la lista, hicimos por escrito el pedido de contar con el padrón de los socios que están en condiciones de votar y tenemos la contestación por escrito donde se nos niega esa posibilidad, diciéndonos que lo van a exponer en la sede de la Cooperativa".

Ese requerimiento sin respuesta marcó un punto de inflexión, porque al negarse esa posibilidad, tanto "en papel como en formato digital" también se les vedó el acceso a los listados para identificar a los "más de 40 mil socios y entonces es imposible contar con la información de quiénes son los que hoy en día pueden votar, dónde se encuentran y tener la misma posibilidad que tiene la lista Amarilla de poder acercarnos a los socios, de darnos a conocer y que conozcan nuestra propuesta". En este caso "se está violando el artículo 21 de la ley de Cooperativas, que establece el derecho a la información de cualquier socio al registro de la cooperativa y obviamente el derecho constitucional que tenemos todos, el derecho a la información y poder trabajar en igualdad de condiciones".

Días después "tomamos conocimiento que en un local de Sierra Chica, en un kiosco, cualquier vecino podía acercarse y conocer si estaba en condiciones de votar o no. Cuando tomamos conocimiento nos sentimos agraviados y nos acercamos al lugar con un escribano que diera fe de si verdaderamente estaba sucediendo esto y pudimos acreditar que contaban con un padrón con los socios habilitados para votar, con su nombre, número de socio y domicilio y además quedó constancia en el acta que ese padrón se le había entregado por ser candidato a delegado de la lista Amarilla".

Otro de los cuestionamientos surgió luego de que se constituyeran las listas y "nos sorprendimos cuando vimos que tres de los candidatos son personas jurídicas, es decir asociaciones civiles de nuestra localidad, que son la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, la Cámara Empresaria y el club Alvaro Barros". A quienes "jurídicamente no les corresponde porque ningún estatuto de una organización civil habilita a que esa asociación civil pueda ser candidata a una lista, ni en su objeto social ni en las facultades que tiene la comisión directiva. Aún así tampoco ninguna de estas instituciones llamó a una asamblea a extraordinaria para consultarles a sus socios si estaban de acuerdo para participar en esta lista. Así que nos encontramos con una composición irregular de una lista", denunció Landívar.