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Si la ayuda alimentaria a comedores y merenderos generó un durísimo debate en el que no faltaron las acusaciones personales la posibilidad de que el Municipio haya rociado con glifosato las barrancas del arroyo Tapalqué en el tramo de Coronel Suárez a la avenida Sarmiento fue probablemente el hecho más grave, y que podría tener consecuencias trascendentes, sobre el que se discutió ayer en la undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Se sabía que el deterioro de la situación social iba a ocupar buena parte de las discusiones, especialmente después del reclamo de alimentos para comedores presentado por la Mesa de Emergencia, que montó el miércoles ollas populares en tres puntos de la ciudad.

Pero lo que no se esperaba tanto era que los cruces alcanzaran la virulencia que tuvieron en determinado momento, especialmente entere Celeste Arouxet (Cambiemos) y Federico Aguilera (Unidad Ciudadana).

La situación social llegó temprano al recinto, después de unos pocos temas aprobados por unanimidad, con la preocupación planteada en una iniciativa del Frente Renovador por la pérdida de valor adquisitivo de los haberes jubilatorios.

Después de la fundamentación de Marcelo Latorre, Juan Sánchez lanzó el primer dardo hacia el oficialismo recordando que al presentar la reforma previsional habían asegurado que los jubilados no perderían nada. Einar Iguerategui alertó sobre la posibilidad de que la Corte Suprema emita un fallo funcional a los intereses del Gobierno y en contra de los jubilados.

De todos modos, hubo unanimidad de los bloques para aprobar el proyecto.

Después se discutió otro proyecto de resolución del Frente Renovador pidiendo que la Oficina de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales habilite un programa especial sobre Precios Cuidados para favorecer a los consumidores.

Emilio Vitale habló de la necesidad de asegurar que los productos incluidos en el programa estén en las góndolas y se respeten los precios.

María José González fue la voz del oficialismo para informar que hay dos inspectores controlando y que a partir de noviembre se iniciará el tiempo de las sanciones; Federico Aguilera no desaprovechó la ocasión de pasar el aviso de que Precios Cuidados en una creación del kirchnerismo y que en su momento fue muy criticado por los entonces opositores.

"También teníamos razón en que el Estado debía intervenir", dijo en un momento y quizá fue entonces cuando comenzó a incubarse la rabia oficialista que explotaría un ratito después.

Einar Iguerategui tampoco dejó pasar la ocasión para plantear que Mauricio Macri fracasó en bajar la inflación, pero que lo mismo le ocurrió a CFK. Federico Aguilera insistió en que los resultados del programa fueron exitosos durante la gestión kirchnerista.

Finalmente, hubo unanimidad en la aprobación.

Con la presencia entre el público de algunos referentes barriales, llegó el momento de tratar el proyecto de los bloques Foro Olavarría, Frente Renovador y Radicales Convergentes para incrementar el valor de la tarjeta del programa de Seguridad Alimentaria, que reemplazó a la bolsa de alimentos.

Eduardo Rodríguez planteó la demanda creciente que tienen comedores y merenderos, la crítica situación de los sectores más vulnerables y que si la crisis ya llegó a Olavarría hay otras ciudades donde se presentó antes. Dejó en claro la necesidad de actualizar el monto de la tarjeta alimentaria, que se mantiene en 250 pesos desde la gestión anterior.

Exhortó al intendente Ezequiel Galli a ponerse al frente de las acciones para enfrentar la situación y dijo que se deben ampliar las actividades de los servicios territoriales.

Hubo intervenciones de Gabriela D’Elía, remarcando la necesidad de incorporar alimentos frescos a la ayuda alimentaria; de Marcel Latorre subrayando la importancia de formar una mesa amplia de diálogo y trayendo a colación un hecho simple y contundente: un comedor barrial que estuvo días sin funcionar porque la dueña de la casa donde estaba no podía pagar la factura del gas.

Fermín Ferreira fijó la posición oficialista y sembró las semillas de una discordia que germinaría pocos minutos después. Señaló las acciones que lleva adelante el Departamento Ejecutivo en materia de ayuda social, precisó que se atiende hoy a 1335 familias y se reforzó la situación de otras 176.

Y dijo que es necesario diferencias a las personas que realmente se preocupan por los demás de aquellos "especuladores políticos que históricamente han vivido de los problemas sociales". "No vamos a permitir que estos grupos hagan política partidaria", remachó.

Einar Iguerategui fue el primero en cruzarlo y le pidió que identificara "con nombre y apellido" a esos especuladores políticos. Pero estuvo más duro y punzante cuando comparó lo invertido por el Municipio en los espectáculos organizados por un productor de espectáculos –"cuatro millones y medio"- con los 376 mil pesos que costaría comprar los víveres que pidió la Mesa de Emergencia.

Eduardo Rodríguez, Juan Sánchez y Federico Aguilera también cruzaron al oficialismo, el que contraatacó con la voz de Celeste Arouxet.

La concejal oficialista acusó directamente, aunque sin nombrarlo, a Federico Aguilera al señalar a quienes aparecen fotografiados en las redes sociales distribuyendo garrafas. Antes había dicho que Ferreira no se había referido a ningún olavarriense en su discurso, aunque no pareció convencer ni a sus pares ni a las pocas personas que presenciaban las deliberaciones desde la barra.

Estuvo muy dura cuando precisó que esas garrafas que ayudaba a distribuir Unidad Ciudadana costaban 180 pesos mientras el Municipio las ofrecía a 160, insinuando que alguien podría estar llevándose una ganancia extra.

Aguilera no fue suave en su respuesta ante lo que calificó de un discurso "vergonzante" y "denigrante", enfatizando que si alguien tenía algo para denunciar que lo hiciera.

Remató su respuesta recordando que esa distribución de garrafas se hizo en el marco de una ordenanza que se había aprobado por unanimidad, diciendo que Celeste Arouxet quizá no sabía lo que votaba.

La suma de votos opositores llevó a la aprobación del proyecto, ya que Cambiemos se pronunció en contra.

Glifosato

Hubo otros temas que pasaron sin demasiado debate, ya que los ánimos parecían haberse calmado. Pero faltaba algo y lo planteó Margarita Arregui, que fundamentó la iniciativa para pedirle informes al Derpartamento Ejecutivo sobre las razones por las cuales compró 60 litros de glifosato y qué hizo con ese producto.

La edil eseverrista ya había presentado un pedido de informes presentado en la sesión anterior y aún sin contestar sobre el color que presentaba un tramo de las barrancas del arroyo, ya que eso podía indicar el uso de algún tipo de herbicida.

Pero al enterarse de que el Municipio había comprado 60 litros de glifosato el tema comenzó a ponerse más preocupante. Margarita Arregui recordó que el HCD aprobó una ordenanza donde se fija a qué distancia del casco urbano o de escuelas puede utilizarse ese herbicida.

También dijo que se dee preguntar al Juzgado de Faltas a quién le hicieron la multa por el uso de glifosato en sitios no permitidos, mencionando como posibilidad a dos funcionarios y al propio Ezequiel Galli.

Marcelo Latorre fue muy gráfico en su intervención al subrayar que "si tiraron glifosato, chau, sonamos. No se puede seguir" y reclamó que de ser así "alguien se haga cargo".