El mes de junio de 2016 fue una bisagra en los debates legislativos del Concejo Deliberante en la Sociedad Española. Desde horas tempranas, se dispuso un operativo policial que hacía presagiar lo que ocurriría horas después.

El primer día de aquel mes, el HCD se aprestaba a debatir la creación del Boleto Estudiantil Gratuito pero la sesión se vio impedida de realizarse por los hechos ocurridos dentro y fuera del recinto.

Días después comenzaría la peregrinación de los dos de los acusados por los incidentes en la sede de Fiscalía ubicada sobre calle Rufino Fal.

Uno de los mencionados, Arturo Silveyra D´avila, en aquel momento, secretario general regional de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), fue el que estuvo en el interior del lugar donde protagonizó diversas discusiones y, al menos, altercados, con concejales.

El segundo acusado, es el actual titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Stuppia, quien fue protagonista activo de los hechos sindicados.

La acusada restante, es la titular de la empresa Nuevo Bus, Inés Vavrin, quien también aquella lamentable jornada se encontraba en el interior de la Sociedad Española.En su caso continúa en un juicio por los hechos.

Los delitos que se le siguieron a los acusados son los de "daño agravado", "privación ilegal de la libertad" y "resistencia y atentado contra la autoridad".

La información a la que pudo acceder El Popular da cuenta que tanto Silveyra D''Avila como Stuppia se vieron beneficiados por la suspensión de juicio a prueba.

Este medio pudo constatar que la medida llegó tras el común acuerdo ente las partes. La audiencia tuvo lugar esta mañana en el Juzgado Correccional a cargo de la Dra. Cecilia Desiatta.

En el acuerdo se establecieron pautas de conducta y resarcimiento económico a los concejales y a la Sociedad Española. Durante la audiencia de esta mañana, estuvieron presentes Einar Iguerategui, Eduardo Rodríguez, Julio Frías y Margarita Arregui, todos concejales que estuvieron en aquella histórica sesión.

El Popular también conoció que el acuerdo al que se someten es a asistir asiduamente al Patronato de Liberados mientras dure la suspensión del juicio a prueba y a no afectar la paz social.

En la audicencia de este martes la fiscalía estuvo representada por Christian Urlézaga dado que la titular de la UFI Nº 7, Susana Alonso, se encuentra con licencia médica. Se trata de la misma funcionaria del Ministerio Público Fiscal que la defensa de Stuppia solicitó sea recusada en 2016, aunque la Justicia de Garantías no hizo lugar al pedido en aquel momento, y Alonso siguió adelante con la instrucción.