Entre las medidas que el Instituto está profundizando se encuentran el envío a la Justicia de los casos más emblemáticos (se iniciaron 206 juicios de apremio). En paralelo, se llevan enviadas 3500 cartas documento intimando al pago y se multiplican las inspecciones conjuntas con el Ministerio de Trabajo provincial y las notificaciones personalizadas a los docentes. Además, la Ley Penal Tributaria bonaerense habilita al IPS a reclamar por esa vía los aportes jubilatorios. En ese marco se avecina una tanda importante de juicios penales para los casos más graves.

Al respecto, el titular del IPS, Mariano Cascallares, lanzó un ultimátum a los propietarios de colegios morosos y advirtió que todos los establecimientos deberán ponerse al día con los aportes previsionales de su personal debido a que "de lo contrario los llevaremos a la Justicia Penal para evitar que continúen reteniendo sumas y no las aporten" a la caja jubilatoria provincial.

Cascallares resaltó que desde diciembre de 2011 se lograron recuperar 411 millones de pesos que constituían aportes que habían sido retenidos a los trabajadores pero que nunca habían llegado al IPS. "Se bajó la morosidad del sector del 52 al 11 por ciento pero vamos por más porque ningún establecimiento educativo puede seguir quedándose con los recursos que son de sus trabajadores", finalizó.

En la provincia de Buenos Aires funcionan 6.700 niveles educativos privados, de los cuales un millar mantiene deuda no regularizada. Los colegios a los que se les iniciarán acciones penales se encuentran ubicados en zonas residenciales y algunos cobran las cuotas más elevadas del sistema educativo.

DIB